Sancionada con 150.000 euros una empresa de Alicante por no identificar a todos sus trabajadores en una inspección

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Economía ha sancionado con 150.015 euros a una empresa de la provincia de Alicante por no aportar identifiación de todos los trabajadores que se encontraban en una nave que se estaba inspeccionando el pasado 20 de marzo. Según el Consell, estas personas huyeron ante la presencia policial por la cubierta del espacio.

El Pleno del Consell ha autorizado esta y otra sanción muy grave en materia de relaciones laborales, propuestas por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a dos empresas de la Comunitat Valenciana que fueron visitadas por la inspección de trabajo.

Sobre esta primera sanción, recaída en un empresario, ha sido calificada de muy grave y tiene un importe de 150.015 euros. El motivo de la sanción es la obstrucción a la labor inspectora.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante, con fecha 20 de marzo de 2020, levantó acta de infracción. En la misma se hizo constar que durante una visita a la mercantil del sancionado, el mismo se negó ante el inspector y el subinspector de trabajo a aportar identificación de todas las personas que se hallaban en el interior de su empresa, que huyeron ante la presencia policial por la cubierta de la nave.

De las veinticuatro personas presentes en el lugar de trabajo en las imágenes de las cámaras, dos de ellas eran el padre y hermano del empresario y otras siete que fueron interceptadas por la policía en su intento de fuga, el empresario no aportó identificación alguna de las quince personas restantes, siendo por tanto los hechos probados, consistentes en la negativa a identificar hasta un total de quince personas presentes en el centro de trabajo.

La segunda sanción, por un importe de 25.001 euros, ha recaído en una empresa del sector servicios. El motivo de la misma estriba en que la mercantil no incluyó en el ERTE presentado para sus trabajadores fijos-discontinuos a los de su centro de trabajo de Gandia, como se le había requerido por parte de la inspección de trabajo.

Se trata de un infracción administrativa de grado medio en materia de relaciones laborales, al proceder a la suspensión de los contratos de trabajo de al menos los trabajadores fijos-discontinuos anteriormente mencionados por causas de la producción (se les comunica a todos y cada uno de ellos descenso y cancelaciones de reservas ocasionadas por Covid-19) sin acudir a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.