MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Fundación Madrina teme que el 50 por ciento de las familias vulnerables puedan perder su hogar en los próximos seis meses por falta de un empleo y de ayudas. El 30% de todos los hogares en “nueva pobreza” deben al menos 5 meses de alquiler.
Asimismo, la organización estima que las personas más perjudicadas para encontrar una vivienda son las mujeres desempleadas que están embarazadas o con hijos menores de 3 años a su cargo, ya que al no tener posibilidad de conseguir un empleo los propietarios deciden no alquilarles.
El colectivo estima que actualmente en España hay miles de familias sin techo con muchos menores en grave riesgo de “situación de calle”. La organización lamenta que las ayudas sociales no llegan, incluso hay familias que están esperando 5 meses la prestación por desempleo debido a que la administración está “cerrada” y no hay citas.
Desde la Fundación se observa que los impagos de alquiler se deben a la situación precaria e irregular de estas familias que reciben el pago de los ERTES por parte de la administración. “Muchos pagos no se han recibido todavía, otros se han cancelado por irregularidades de la empresa, y los demás reciben ingresos irregulares por parte de la administración, entendemos que por falta de liquidez mensual en la arcas del Estado”, relata.
Al no recibir o demorarse en el pago mensual de los ERTEs, sostiene la organización, “las familias no pueden atender al alquiler y muchas ayudas sociales tan solo cubren el 50% del gasto del alquiler con las ayudas sociales, debiendo comer ellos y sus hijos en las “colas del hambre”.
En esta “segunda ola” el coronavirus, Fundación Madrina recibe dos familias al día con riesgo de “situación de calle” y tenemos una lista de espera de 500 familias que están esperando su realojo. Para remediar esta problemática, Fundación Madrina lleva adelante su proyecto “Pueblos Madrina” en donde se reubican a cuatro familias al mes en pueblos que necesitan ser repoblados.
En esta pandemia, según la ONG, la peor parte se la llevan las mujeres embarazadas o con hijos menores, que están sufriendo la mayor marginación social a la hora de lograr una vivienda o incluso una habitación. Los propietarios de los inmuebles le indican a estas familias que no admiten “mascotas, embarazadas y niños”. Es una situación desgraciada que “pone en grave riesgo de calle” a miles de menores de las familias más golpeadas por la Covid, habiendo muchos que duermen ya en la calle porque no hay suficientes recursos de alojamientos de emergencia.
Esta situación obliga a muchas familias a volver con sus padres, encontrándonos con más casos en los que tres generaciones vuelven a convivir en la misma vivienda (padres, hijos y nietos). Este movimiento familiar presenta efectos perniciosos para las propias familias que acogen, como pérdida de empadronamiento y pérdida de ayudas sociales, ya que solo se puede recibir una única ayuda por unidad familiar y lugar de empadronamiento.
En este modelo de convivencia de tres generaciones, es la “jubilación” del abuelo quien mantiene a toda la unidad familiar, imposibilitada de conseguir empleo o ninguna ayuda social adicional.
En este tiempo de pandemia, otras muchas familias ya han vuelto a sus países de origen, al no tener esperanza de supervivencia en España. Muchas viven hacinados 10 personas en 50 m2, incluso 5 miembros de una misma familia conviven en una sola habitación.
En este estado de emergencia, hay familias, según Fundación Madrina, que se han establecido como “okupas” en diferentes viviendas durante la “primera ola” debido a la imposibilidad de conseguir una vivienda de protección oficial, y ahora se encuentran inmersos en procesos judiciales que les obliga a desalojar las viviendas en un día.
Esta situación ha crecido durante la “segunda ola” con la amenaza de que los Servicios Sociales les quitan los niños. Sin embargo, algunas familias ya han normalizado un alquiler social al ser el propietario del inmueble un Banco, mediante un acuerdo entre Servicios Sociales, la familia y los Bancos.
Ante esta situación, la Fundación Madrina invita a que tanto particulares como empresas se sumen a su proyecto para evitar que más menores de edad sufran las consecuencias de esta crisis.
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