Junts y PDeCAT exigen más ayudas para los sectores más afectados y clarificar ya el reparto de fondos europeos

Reclaman, junto con el BNG, una distribución descentralizada donde las comunidades no se limiten a los trámites administrativos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha echado en cara a Sánchez su “perseverancia en el arte de actuar tarde” y le ha recriminado, en concreto, que aún no se haya aprobado el plan de rescate para la hostelería, las ayudas a las estaciones de esquí, o el anunciado decreto antidesahucios.

A juicio de la candidata de Junts a la Generalitat, algunos de estos temas, como la subida del salario mínino, no llegan por las “peleas” entre PSOE y Podemos en el seno del Gobierno. “Su inoperancia tiene precio y la factura la pagamos todos”, se ha quejado.

LA GENERALITAT NO ES UNA “GESTORÍA”

También ha denunciando el retraso la concreción de la gestión de los fondos europeos, ha vuelto a exigir que las autonomías puedan participar como mínimo al 50% en las decisiones del reparto y que no se utilice a la Generalitat “como una gestoría” sólo para tramitar documentación y hacer acompañamiento a las empresas.

De su lado, Ferrán Bel, del PdeCAT, ha reclamado “mayor certeza, claridad y transparencia” en esta materia, ha preguntado por qué no se utilizan fondos del MEDE para hacer frente a los gastos sanitarios y ha pedido que se amplíen y agilicen ayudas a los distintos sectores económicos.

Asimismo, ha pedido a Sánchez que se revisen las condiciones para la devolución de las cotizaciones a la Seguridad Social en los ERTE. A su juicio, habría que devolver únicamente las de los trabajadores que no se incorporen, no las de todos ellos para evitar que “muchas empresas vayan a la quiebra”.

HABRÁ MÁS RECORTES; YA SE ATISBAN EN PENSIONES

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha mostrado convencido de que al final España tendrá de devolver todo el dinero europeo, incluido el que no llegue vía préstamos, porque Bruselas exigirá de nuevo recortes en gasto público. A esta futura exigencia responde, a su juicio, la propuesta del ministro de Inclusión Social, José Manuel Escrivá, de que se tengan en cuenta 35 años de cotización para el cálculo de la pensión.

Respecto al reparto de los fondos, ha exigido un modelo “descentralizado” que tenga en cuenta las características de cada comunidad y también ha aprovechado para animar al Gobierno a compensar con ellos la “discriminación flagrante” que, a su juicio, han cometido con Galicia en los Presupuestos Generales del Estado.

También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado a Sánchez “lealtad institucional” con las comunidades y ayuntamientos y que la cogobernanza no se traduzca “en un mero dirigismo ministerial” y se dé mayor participación a las autonomías.