A falta de siete días para que concluyan las negociaciones
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos han advertido de la falta de un acuerdo en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) lanzando por ACS en dos de sus filiales de ingeniería, coincidiendo con la operación de venta de parte de su negocio industrial a la francesa Vinci por 5.200 millones de euros.
Según informaron a Europa Press en fuentes sindicales, el plazo para las negociaciones termina el próximo miércoles 23 de diciembre y el próximo paso, en caso de no alcanzar un acuerdo, sería acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El ERE afecta por ahora a 260 trabajadores, de los que 207 trabajan en Intecsa Ingeniería Industrial y otros 53 en Initec Energía, unas cifras que representan en torno a un 55% y un 75%, respectivamente, de sus platillas totales.
Por el momento, la representación legal de los trabajadores, junto con sus asesores de CC.OO., UGT y el bufete de abogados Arinsa, comunicaron su decepción “ante el inmovilismo de la empresa en la negociación”, tras reunirse en asamblea el pasado 9 de diciembre.
Los sindicatos consideran que la empresa se está “descapitalizando” antes de proceder a su venta y que acabará teniendo que retirarse del mercado de las grandes y medianas plantas industriales.
Pese a que de momento los despidos solo afectan a estas dos empresas, los sindicatos prevén una oleada de anuncios de expedientes en otras filiales industriales del grupo que busquen “vaciar de personal a la compañía antes de venderla”.
Además de Cobra, que concentra del 18% de las ventas totales del grupo que preside Florentino Pérez, en este negocio industrial también se encuentran Dragados Offshore, Cymi, Maessa, Maetel, Imasapi, Etra o Semi, entre otras.
Algunas de estas empresas presentaron distintos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas en el marco de la crisis sanitaria, aunque no de fuerza mayor, los que flexibilizó el Gobierno para intentar mantener el empleo, ya que las empresas de ingeniería en principio no se podrían acoger.
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