El SAF acusa a Junta de propiciar que el personal de las Agencias haga labores de Intervención, reservada a funcionarios

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha asegurado este lunes que “el Gobierno de PP y Ciudadanos no creen en los funcionarios” tras argumentar que “se aprovechan de la Ley de Presupuestos para modificar la Ley de Hacienda Pública andaluza y habilitan el asesoramiento en materia de Intervención, esto es, la comprobación material de las inversiones o el cumplimiento del destino de las ayudas públicas al personal laboral y subrogado de las agencias, arrebatando la exclusividad de dicha potestad pública al personal técnico funcionario”.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recordado por medio de una nota, para poner de manifiesto la labor de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que “en 2018 la FAFFE tenía pendientes de justificar 55 millones de euros y que en diciembre de 2019 intentaron archivar 8 millones en ayudas y gastos sin justificar, como se puede comprobar en el Informe de fiscalización JA 10/2019 de la Cámara de Cuentas, de 25 de junio de 2020”.

El SAF ha sostenido que “ahora y con esta modificación, el propio personal de la FAFFE podría ser el que llevara a cabo el asesoramiento a la Intervención para dar por justificadas dichas ayudas”.

El sindicato ha puesto de manifiesto que la Disposición Final Primera Apartado Quince del Proyecto de Ley de Presupuestos introduce una modificación del Decreto Legislativo 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que añade al artículo 92 un nuevo epígrafe que señala que “en el ejercicio de las facultades de control previstas en el presente artículo, y cuando sea necesaria la posesión de especiales conocimientos técnicos, el personal funcionario encargado del control podrá solicitar de la persona titular de la Intervención General la designación de asesores o peritos para la comprobación de la realidad de la inversión o de los elementos empleados y, en particular, para la verificación de la realidad del proyecto y la entrega del bien o servicio de manera plenamente acorde con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente de gasto”.

Prosigue explicando ese artículo 92.3 que “la realización de la labor de asesoramiento a que se refiere esta disposición, que en todo caso se considerarán tareas de apoyo a las funciones públicas de control realizadas por personal funcionario, cuando se desarrolle por empleados públicos, se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo de los asesores o peritos, debiendo colaborar sus superiores jerárquicos en la adecuada prestación de este servicio”.

“Esta modificación incluye el término “empleado público” y de “tareas de apoyo a las funciones públicas de control realizadas por personal funcionario”, por lo que es, a todas luces evidente que la única intencionalidad es que dichas funciones sean o puedan ser desempeñadas por personal no funcionario, esto es, personal laboral de la Administración General o personal laboral subrogado procedente de las Agencias, abriendo la puerta, el último párrafo, a que se modifique por Decreto de la Consejería de Hacienda, el procedimiento de designación de los mismos previsto en el reglamento de intervención”, ha sostenido el SAF en su nota.

“Tanto la legislación y reglamentación estatal, como la autonómica, vigente atribuye las funciones de asesoramiento de la comprobación material de las inversiones a personal funcionario exclusivamente, por tratarse de potestades públicas”, ha apuntado el SAF.

En el ámbito autonómico andaluz, el Reglamento de Intervención, aprobado por Decreto 149/1988, refleja actualmente en sus artículos 30, 31 y 32 el desempeño única y exclusivamente de dichas funciones, por personal funcionario, ha puesto de manifiesto el SAF.

El SAF ha recordado que la redacción de dicho artículo del Reglamento es coincidente con la del artículo 28.3 del Real Decreto 2188/1995, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado

“Con la modificación pretendida se deja la puerta abierta a que dicho asesoramiento ahora lo haga el personal laboral y el personal externo subrogado que procede de las extintas fundaciones y empresas públicas”, ha afirmado el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

“EXISTEN SOBRADAMENTE CUERPOS GENERALES Y FACULTATIVOS”

El SAF ha defendido que “existen sobradamente Cuerpos Generales y Facultativos para el desempeño de todas las labores de asesoramiento” que ahora se plantea el Gobierno andaluz, entre los que ha identificado en la propia Intervención General de la Junta de Andalucía asesores técnicos de la especialidad de Gestión Financiera, multitud de puestos de Titulado Superior y Medio, tanto de los Cuerpos de Administración General cómo de las Áreas de Hacienda Pública y Gestión Financiera, que son Cuerpos especializados en Hacienda.

“Un auténtico escándalo del ‘Gobierno del cambio’ que venía a regenerar la política y la administración andaluza pero que se ha convertido en el perfectos heredero de las políticas del régimen anterior en lo que a Administración Pública se refiere”, ha subrayado el SAF.

El SAF ha anunciado que “estaremos más que vigilantes para que las potestades públicas sean ejercidas en exclusiva por el único personal que está investido legalmente para realizarlas, los funcionarios públicos”, así como que “no nos va a temblar el pulso para denunciar penalmente cualquier usurpación de esas potestades públicas que se produzca y a sus máximos responsables”.