SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La defensa del medio ambiente es una prioridad para el Gobierno andaluz, que ha puesto en marcha la denominada revolución verde como respuesta a las necesidades derivadas de la lucha contra el cambio climático y como oportunidad única de crecimiento económico y creación de empleo, sobre todo, vinculados a los fondos europeos de recuperación.
“Solo en renovables en Andalucía vamos a tener una inversión de más de 17.000 millones de euros en los próximos años, mientras que, en proyectos de hidrógeno, la comunidad autónoma tiene encima de la mesa iniciativas por valor de más de 2.000 millones”.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, durante su intervención en la apertura del seminario webinar ‘El Presupuesto público como herramienta de acción por el clima’, organizado por la Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía en colaboración con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que ha sido clausurado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, según ha informado la Consejería por medio de una nota.
La Junta utiliza sus cuentas públicas como una “herramienta primordial para impulsar la estrategia climática, convirtiéndolas en un Presupuesto verde”.
Se trata de un instrumento que ayudará a reorientar la inversión pública y privada, el consumo y la fiscalidad hacia las prioridades ecológicas, ha explicado el consejero.
Dentro del trabajo de la Consejería de Hacienda en esta materia, Bravo ha destacado el proyecto de emisión de bonos o títulos de deuda verdes o sostenibles como vía de financiación para la comunidad autónoma en el que trabaja la Dirección General de Política Financiera y Tesorería y que quiere incorporar en su estrategia financiera a partir de 2021.
“Las finanzas verdes se erigen en un instrumento muy interesante para diversificar la base de inversores y aprovechar las ventajas de coste que está ofreciendo este tipo de financiación”, ha señalado el consejero.
Junto a ello, ha mencionado la dotación de un Fondo Presupuestario (Fondo Verde), incluido en las cuentas de 2020 y 2021, que aporta financiación a los proyectos presentados por los distintos centros directivos interesados en poner en marcha actuaciones para integrar la perspectiva climática en el presupuesto o acciones de formación.
Este año se han seleccionado 42 proyectos.
Bravo ha señalado la realización de un análisis desde la perspectiva ambiental de la tributación de Andalucía en el entorno de las restantes comunidades autónomas y la UE, así como la investigación sobre soluciones y recomendaciones para la transición de la Junta hacia un modelo de emisiones cero y neutralidad carbónica.
Dos proyectos que desarrolla a Fundación IEHPA en colaboración con la universidades de Sevilla y de Málaga.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha subrayado en la clausura del seminario la implicación de todos los miembros del Gobierno de Andalucía en la Revolución Verde, una “estrategia colectiva” e impulsada desde su departamento, que cuenta con una inversión de 1.500 millones de euros y que hará posible la generación de 100.000 empleos ligados al medio ambiente.
A juicio de Crespo, cada una de las consejerías ha implantado un “sello verde” en sus presupuestos convencidas de que en una tierra especialmente afectada por el cambio climático “es necesario poner en marcha medidas urgentes” que contribuyan a la preservación del patrimonio natural de Andalucía.
En este sentido, la titular de Desarrollo Sostenible ha señalado algunas de las grandes iniciativas puestas en marcha por su Consejería como la Ley de Economía Circular, actualmente en tramitación; la ejecución de obras hidráulicas dirigidas a la depuración, el abastecimiento en alta y la restauración de cauces; o la protección de los espacios naturales, a través de un esfuerzo inversor en tratamientos selvícolas, reforestación y modernización del Infoca.
“La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son aspectos vitales en los presupuestos de Andalucía para 2021”, ha remarcado Crespo, quien ha calificado de “crucial” contar con la complicidad de los ciudadanos y promover la colaboración público-privada para que la revolución verde “sea un objetivo común de las administraciones y la sociedad andaluza, que abra las puertas a nuevas oportunidades y a la creación de empleo”.
COMISIONADO CAMBLIO CLIMÁTICO
Para Juan Manuel Muñoz, Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético de la Junta de Andalucía, las administraciones públicas tienen que afrontar el reto climático a través de su capacidad normativa y su ámbito presupuestario, facilitando “la defensa del medio ambiente”, promoviendo “políticas de avance en la lucha contra el cambio climático” y, al mismo tiempo, incentivando e impulsando “aquellas tecnologías verdes que nos puedan en un futuro plantear energías alternativas más baratas y asequibles para la sociedad”.
Muñoz ha destacado “la labor ejemplarizante que está obligada a hacer la Administración en la gestión diaria para que sirva como referente a la sociedad en su conjunto y al sector económico, aplicando y desarrollando los criterios de desarrollo sostenible”.
Ha apuntado que “la Junta de Andalucía ya tiene esos proyectos interiorizados”, con “más del 20% del territorio en algún régimen especial de protección”.
PANEL DE EXPERTOS
En la primera mesa de trabajo, sobre Ingresos públicos y cambio climático, Jonas Teusch, de la Dirección de Medioambiente de la OCDE, ha abordado el papel del carbono en una recuperación verde.
En su intervención, ha destacado la histórica reducción de emisiones de CO2 provocada en 2020 por el obligado parón de muchas economías como consecuencia del Covid-19 y ha defendido la necesidad de establecer “una tarifación mínima del carbono en 30 euros por tonelada”.
Ha indicado la necesidad de estudiar el posible incremento de precios de los productos y actividades sobre la ciudadanía, sobre todo en el sector energético, al agregarle esa tasa y ha apuntado que ello puede suponer “un aumento de los ingresos”, si bien también “hay que analizar a largo plazo el impacto sobre la competitividad de las industrias”.
El catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco Adame, ha analizado en detalle los tributos ecológicos y ambientales en las CCAA, destacando el elevado número de este tipo de impuestos -66 vigentes, 54 de ellos autonómicos-, circunstancia que “nos tiene que hacer pensar qué rumbo debemos seguir y revisar el sistema actual”.
Se detecta, ha apuntado, “una absoluta falta de coordinación entre la Administración estatal y las comunidades autónomas, lo que resta credibilidad al sistema, aparte de que ahuyenta a posibles inversores” foráneos, ha advertido.
En la mesa sobre Gasto público y cambio climático.
El Presupuesto verde han participado Jan Gerritsend, de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea, y Ken Cleary, asesor de la Unidad de Cambio Climático.
Departamento de Gasto Público y Reforma del Gobierno de Irlanda.
Gerritsen ha destacado que el objetivo principal de la UE en este área es el marco financiero plurianual.
En dicho marco, el 30% de las inversiones se dirigen a objetivos medioambientales.
Además, “todos nuestros programas -ha dicho- contribuyen a luchar contra el cambio climático; se trata de una integración presupuestaria en la que centramos nuestros esfuerzos en impulsar medidas ligadas a la biodiversidad, la calidad del aire y el clima”.
“En cada uno de los programas, tenemos unos indicadores que nos muestran cuánto nos hemos acercado a nuestros objetivos”, ha concluido.
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