Pide que se establezca un régimen de control para evitar conductas anticompetitivas
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
La Cámara de Barcelona ha pedido que la gestión de los fondos europeos de recuperación se realice con criterios de “claridad y precisión” para garantizar la simplificación administrativa.
Ha señalado que la fase de selección de proyectos debe ser “transparente y objetiva” y debe analizar las propuestas en términos de previsiones de uso y demanda, viabilidad económica y técnica y su retorno social, económico y ambiental, según un comunicado este miércoles.
Además, la entidad ha reclamado que estos fondos se destinen “a apoyar el tejido productivo y empresarial general, incluyendo las pequeñas y medianas empresas” y se fomente jurídicamente la colaboración público privada.
La asociación presidida por Joan Canadell ha apuntado que en el caso de Catalunya estos fondos se deben destinar a mejorar los servicios públicos y “resolver el déficit histórico y estructural que sufre Catalunya en infraestructuras terrestres, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias”, algo que define como esencial para responder a los retos de descarbonización del transporte y la movilidad urbana.
En este último campo, ha destacado la necesidad de que sean los entes locales los que adjudiquen los contratos; además de que se agilice la tramitación de proyectos relacionados con las energías renovables.
La Cámara de Barcelona ha asegurado que estos cambios también deberían afectar a las normativas autonómicas y locales, además de las estatales, especialmente en la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), aprobada por el Consejo de Ministros recientemente, que debería tener “una participación más intensa de las comunidades autónomas”.
La entidad ha subrayado que la regulación de los Perte es “demasiado genérica y ambigua para saber qué derechos tiene la empresa que presenta proyectos merecedores de los Fondos Europeos de Recuperación”, por lo que ha pedido que se regule la figura de la iniciativa privada.
Para ello, la corporación de derecho público pide que se eliminen los requisitos de autorización previa, grado de ejecución y formalización en escritura pública y que se establezca un régimen de control para evitar conductas anticompetitivas, y que se incluyan proyectos ya en marcha que se ajusten a las exigencias de los fondos europeos.
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