ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)
El senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, ha registrado en la Cámara Alta una moción para que los valles aragoneses con estaciones de esquí sean declarados como ‘zona afectada gravemente’ ya que están resultando “seriamente perjudicados” por la paralización productiva y social causada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias.
Sánchez-Garnica ha explicado en una nota de prensa que el sector de la nieve genera en Aragón un empleo directo e indirecto de 30.000 personas. “Los cuatro centros turísticos de montaña de la región, que acogen las estaciones invernales de Candachú-Astún, Formigal-Panticosa, Cerler y Valdelinares-Javalambre, significan el 30 por ciento del turismo regional por motivos recreativos”, ha apuntado el senador.
Además, ha continuado, la oferta hotelera de los valles con estaciones de esquí ofrece más de 45.000 camas y buena parte del tejido empresarial de las comarcas de esquí depende directamente del trabajo generado en tres meses por el turismo de nieve.
“El sector turístico aragonés representa casi el 9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el producto de la nieve alcanza el 66 por ciento del PIB en los valles con estaciones de esquí”, ha aclarado.
Por este motivo, el cierre de las estaciones de esquí como medida para atajar la propagación de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, ante el impedimiento de la movilidad de las personas que viven en Aragón y territorios colindantes, “ha producido graves consecuencias económicas que necesitan de una respuesta urgente”.
MOCIÓN
Clemente Sánchez-Garnica ha presentado una moción que insta al Gobierno de España a iniciar el procedimiento de zona afectada gravemente por emergencia de los valles aragoneses con estaciones de esquí.
Además, propone impulsar ayudas económicas a fondo perdido para las empresas y autónomos, ayudas económicas directas a las empresas de estaciones de esquí por el lucro cesante y la apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
También plantea un paquete de medidas fiscales, que afectarían al Impuesto de Bienes Inmuebles y al Impuesto sobre Actividades Económicas, a los tributos locales en los ayuntamientos, así como una moratoria en el pago a la Seguridad Social de empresas y trabajadores afectados.
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