OVIEDO, 12 (EUROPA PRESS)
El sindicato SOMA-Fitag-UGT ha insistido este martes en la necesidad de desarrollar un pacto de estado por la energía “moderno, riguroso, flexible, de medio y largo plazo”.
Según ha informado el sindicato a través de una nota de prensa, ese pacto debe dar seguridad jurídica y dotar de estabilidad a los sectores energético e industrial, además de contribuir a ganar en productividad y generar empleo estable y de calidad.
El SOMA-Fitag-UGT plantea que ese pacto incluya que la empresa pública Hulleras del Norte S.A. (Hunosa) se transforme en una empresa energética pública que ayude a “contener los excesos del mercado”.
También reclama el sindicato que se ponga en marcha la regasificadora del puerto de El Musel, una infraestructura que consideran “indispensable” para el desarrollo de Asturias y que puede facilitar el desarrollo de un vector de crecimiento como es el hidrógeno.
“Si realmente se pretende reforzar el uso y la instalación de una variedad de tecnologías de energía verde en España, se debe apoyar sin ambigüedades la fabricación nacional de cualquier tecnología renovable, y este es un matiz que se está pasado por alto en un momento que la política de energías renovables está viva en toda Europa, y es más necesario que nunca, como decía, un apoyo decidido y protección para la fabricación de tecnologías renovables nacionales”, añaden desde el SOMA-Fitag-UGT.
OBSERVACIONES
Por otro lado, desde el SOMA-Fitag-UGT han enviado observaciones a la consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden Ministerial, por la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables de los concursos públicos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de procedencia renovable en los nudos de zonas de transición justa.
Para el sindicato resulta fundamental la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo de nueva potencia renovable en las zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón, y la recuperación económica y social de dichas zonas, con especial atención a la generación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.
A ello añaden la necesidad otorgamiento de capacidad a aquellos proyectos que busquen un efecto tractor sobre la generación de actividad en esos territorios.
Según su criterio la norma debe incorporar requisitos mínimos de solvencia económica-financiera que deben reunir los empresarios, así como discriminar positivamente aquellas solicitudes que generen beneficios medioambientales y sociales para las zonas afectadas por los cierres.
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