La diversidad autonómica de Sucesiones no puede considerarse ‘dumping’ fiscal, según Fundación Civismo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La diversidad normativa del Impuesto de Sucesiones en España no puede considerarse ‘dumping’ fiscal, sino una expresión de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, según un informe de la Fundación Civismo realizado por la profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares María Crespo.

Ante la posibilidad de que el Gobierno recupere la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, transferido a las comunidades autónomas en 2009, con el argumento de un supuesto ‘dumping’ fiscal, la profesora Crespo señala que, aun cuando la fiscalidad de las sucesiones no fuera neutral en lo relativo a la elección del lugar de residencia, “no puede hablarse de ‘dumping’ fiscal, ya que las regiones bajan impuestos en el legítimo uso de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA.

“La diversidad normativa aplicada por éstas permite aplicar una gran variedad de beneficios fiscales en los distintos territorios, y tiene su traducción en los niveles de recaudación obtenidos por este impuesto, muy diferentes”, explica el informe.

Así, en 2019 se ingresaron por este impuesto 2.300 millones de euros en total, lo que supuso un 0,5% más que el año anterior, pero con notables diferencias por regiones. La mayor recaudación proviene de Cataluña, Madrid y Andalucía. Las únicas comunidades donde aumentaron los ingresos por este tributo en 2019 fueron Madrid (+21,6%), Cataluña (+20,8%), Castilla-La Mancha (+6,3%), Castilla y León (+4,3%), Comunidad Valenciana (+3,7%) y La Rioja (+2,2%).

En el caso de que la pretendida armonización de este impuesto se materialice en forma de un aumento de la presión fiscal, dejando sin efecto la bonificación aplicable a las transmisiones entre padres e hijos, Crespo señala que habrá que tener en cuenta el impacto de la crisis económica en cada comunidad autónoma para conocer cuáles tienen más probabilidad de incurrir en déficit.

“Si se les merma su capacidad para recaudar impuestos se debería devolver al Estado central la gestión de ciertas competencias o relajarles el objetivo de déficit. Además, si la remodelación va dirigida a recentralizar parte de la recaudación a través de la implantación de un gravamen uniforme en todo el país, se hará necesario reformar la financiación de los servicios prestados por las comunidades, de manera que se sostengan en parte con recursos procedentes del Estado central”, opina esta experta.

Por otro lado, señala que si se decide reformar este impuesto, debe replantearse la forma de determinar la base imponible de ciertas transmisiones, “ya que no siempre responden a incrementos de la capacidad económica real del beneficiario, quien no debería verse obligado a enajenar parte del patrimonio para hacer frente al pago del tributo”.

De lo contrario, advierte, el impuesto tendría un carácter “confiscatorio”, contraviniendo lo previsto en el artículo 31.1 de la Constitución española. Así, sostiene que la base liquidable debería establecerse a partir de un cuadro de cálculo de cuota líquida ajustada a las capacidades económicas reales.

Crespo concluye en el informe que la actual configuración de Sucesiones y Donaciones, “lejos de considerarse ‘dumping’, constituye un fiel reflejo de la autonomía financiera y de la corresponsabilidad fiscal imprescindible para que las regiones puedan responder de la gestión de sus propios presupuestos de ingreso y de gasto”.