Sólo el 8,72% de inspecciones de Trabajo detectaron fraudes relacionados con los ERTE en CyL durante 2020

El importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidad alcanzó los 456,5 millones repartidas en 41.459 ERTE

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

Sólo en el 8,72 por ciento de las inspecciones realizadas en Castilla y León durante 2020 se detectaron infracciones relacionadas con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Castilla y León, según ha detallado este jueves el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Javier Calderón.

En concreto, la Inspección de Trabajo realizó 2.578 actuaciones de marzo a diciembre, en las cuales detectó 225 infracciones, el 8,72 por ciento, de las cuales, 63 correspondieron a casos en los que los trabajadores estaban compatibilizando la prestación por desempleo con la actividad laboral, lo que supone el incumplimiento más habitual, según ha precisado Calderón, seguido de la falta de comunicación de las variaciones de datos en los ERTE al Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), 53; ausencia de alta de trabajadores reincorporados a su puesto, 33, con algunos casos en los que se realizaban horas extras a pesar de haberse acogido la empresa a esta figura.

Calderón ha subrayado que estos datos “también confirman” que el porcentaje de casos de fraude es “mínimo”. La Inspección realizó, además, otros 11.464 informes previos a su aprobación, a instancias de la autoridad laboral de la Junta de Castilla y León, en los cuales se ha cumplido el plazo legal de cinco días. Informes potestativos, es decir, solicitados de forma voluntaria y no obligatoria por la Administración autonómica.

Los informes realizados engloban tanto expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, 10.380, como expedientes de regulación temporal por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), que son los 1.084 restantes.

Por provincias, Burgos, con 78, es la provincia en la que se han detectado más infracciones, seguida de León, con 57, Valladolid, con 31, y Segovia, con 21. A la cola del ranking se sitúan Soria, con doce, Ávila, con once casos, Palencia con siete, y Salamanca y Zamora, con cuatro casos cada una. El importe total de estas infracciones fue de 829.346,92 euros.

Además, otros 43.282,28 euros de cuotas de Seguridad Social fueron ingresados en las arcas del Estado voluntariamente, mientras que el importe hasta el momento de actas de liquidación (lo que no se ha ingresado voluntariamente) alcanza los 451.999,66 euros.

Calderón ha recordado que la Inspección de Trabajo es “generalista” y en todas las actuaciones que realizan se investigan diversos aspectos como prevención de riesgos laborales o cumplimiento de la normativa ERTE, sobre lo cual ha añadido que en cualquier visita que realicen se comprueba si existen trabajadores compatibilizando los ERTE con su trabajo o si se ha mantenido ese puesto de trabajo más allá de seis meses tras la salida del ERTE, tal como se exige para beneficiarse de las exenciones a la Seguridad Social.

41.459 ERTE EN CYL

En Castilla y León, desde la declaración de estado de alarma y la promulgación del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, hasta el 31 de diciembre de 2020, se han aprobado 41.459 ERTES, incluyendo tanto los de fuerza mayor como los que se fundamentan en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que afectaron en total, acumulado de marzo a diciembre de 2020, a 188.592 personas, de las que a 31 de diciembre percibieron una prestación por regulación temporal de empleo 47.527.

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, quien ha comparecido junto a Calderón y al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez.

Por sectores de actividad, de marzo a octubre el mayor porcentaje de expedientes correspondía al sector servicios, con un 65,3 por ciento trabajadores, seguido de industria con un 28,82 por ciento.

Mayor aún es la afección del sector servicios a partir de octubre, que ha supuesto un 94,89 por ciento del total de los ERTE aprobados en Castilla y León, seguido muy de lejos por industria (4,72), construcción (0,27) y de forma testimonial, el sector agrario (0,12).

En este sentido, Izquierdo ha rechazado que exista una “disfunción de ratios” de incumplimiento por sectores, sino que ha explicado las mayores cifras de casos se relacionan con la mayor afectación que sufren esos sectores, como la hostelería, al hilo de lo cual Francisco Javier Calderón ha precisado que el 95 por ciento de todas las solicitudes de ERTE desde octubre corresponden a este sector.

456,5 MILLONES EN PRESTACIONES

El importe neto de las prestaciones abonadas en la Comunidad durante el periodo marzo-diciembre 2020 en concepto de ERTE alcanzó los 456,5 millones de euros, a lo que el Estado suma la aportación de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios, es decir, la exoneración de cuotas para las empresas.

La prestación, además, se concede con independencia de las cotizaciones previas del trabajador, es decir, que toda persona incluida en un ERTE tiene derecho a la prestación, con independencia de que hubiera cotizado previamente o no, lo que se conoce como “no exigencia de carencia”.

De la misma manera, las cantidades percibidas no serán descontadas si estas personas quedaran en situación de desempleo en un futuro, es decir, que estos cobros no influyen en el derecho al tiempo de prestación por desempleo que ya se tuviera, en caso de producirse, sino que se perciben manteniendo a cero el contador del derecho a paro.

En opinión de Javier Izquierdo, las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE) son “un auténtico escudo social” que está “contribuyendo a minorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica” y persiguen “evitar que una situación coyuntural como la actual se convierta en estructural, dado que se prioriza el mantenimiento del empleo sobre los despidos o la extinción de los contratos”.

En este sentido, ha recordado que estas medidas no exigen carencia para cobrar la prestación, no se pierde derecho a la prestación por desempleo y se exonera de cotización a la Seguridad Social “para no dañar al tejido productivo”.

Sobre los “problemas puntuales” para recibir el cobro en los primeros días de estado de alarma, el delegado del Gobierno ha recordado que ya en el mes de abril 108.000 trabajadores percibieron la ayuda en abril y 155.000 en mayo, por lo que ha elogiado el esfuerzo tanto de la Inspección de Trabajo como del SEPE.

En este sentido, ha advertido de que en muchos casos los problemas se debieron a los datos facilitados por los solicitantes e incluso a números de cuentas que habían quedado obsoletos tras los procesos de reestructuración de entidades bancarias.