Se pierden más de la mitad de ingresos y afirman que la Junta ha recibido dinero de fondos COVID para apoyarles
VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)
Los empresarios del juego de Castilla y León consideran “humillante” que la Junta sea la única administración autonómica que no haya tomado medida alguna para apoyar al sector y han reclamado una bonificación del 50 por ciento de la tasa del juego de 2021 para poder compensar las pérdidas que han registrado el pasado año debido a la “imposición” de medidas por la COVID-19, ya que no han podido ejercer su actividad.
Así lo han señalado la representante de la Federación de Asociaciones de Empresas Operadoras de Castilla y León (FAOCALE) y de la Asociación de Empresarios de Salas de Juego (SAJUCAL), Carmen Rodrigo, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto al presidente de CEOE CEPYME Benavente, José Manuel Ramos, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio.
Rodrigo ha señalado que, sobre todo a raíz del cierre del ocio y la hostelería, ha habido un “fuerte impacto” de la pandemia en el sector, que cuenta con 345 empresas, la mayoría pymes, que generan 2.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos y aporta 70 millones de euros en tributación directa a través de la tasa de juego.
Hasta el momento se ha contabilizado que durante 2020 se ha registrado la baja de 1.000 máquinas (actualmente hay algo más de 13.000), lo que supone una pérdida de 5 millones para la Junta en concepto de tasa de juego.
Ante esta situación, consideran “injustificada” la pretensión de la Junta de que se tribute por días que las máquinas no han podido ser explotadas, en los que no han podido ejercer su actividad por las restricciones impuestas.
“Es humillante que la Junta sea la única administración autonómica en España que no ha previsto ninguna fórmula tributaria o administrativa para no tributar en los días en los que por imposición no hemos podido realizar nuestra actividad”, ha agregado Carmen Rodrigo, quien ha reiterado que el resto de comunidades autónomas han adoptado decisiones por vía tributaria o normativa y la Junta se ha “limitado” a tramitar aplazamientos, una medida que considera “insuficiente”.
Además, ha asegurado que la Junta ha recibido dinero de los Fondos COVID para paliar la pérdida de impuestos del sector derivada de la pandemia.
La presidenta de FAOCALE y SAJUCAL ha aclarado que no quieren “condonaciones” sino “simplemente” no tributar por una actividad que no han realizado, dado que no es “de recibo” gravar una máquina por 365 días cuando ha estado paralizada 119 el pasado año, a lo que se suma la incidencia que han tenido las restricciones de aforo o las limitaciones horarias.
COMPENSAR LA INACTIVIDAD
Por ello, reclaman esta bonificación, que “compensaría” estos periodos de inactividad, y su recogida en los presupuestos de la Comunidad que actualmente se tramitan en las Cortes de Castilla y León.
Carmen Rodrigo ha asegurado que cuentan con el apoyo de los sindicatos, dado que si no se toman medidas habrá una pérdida de puestos “inevitable” porque hasta ahora se han utilizado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero la situación se hace “insostenible”.
En esta línea, ha explicado que a pesar de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la mesa intersectorial con la Junta y los grupos parlamentarios para ver cómo paliar la situación “se aboca al cierre a muchos establecimientos” con la consecuente pérdida de impuestos y de puestos de trabajo.
Precisamente Santiago Aparicio ha incidido en que éste es uno de los sectores más afectados también por las restricciones, junto a otros como la hostelería a la que están vinculados, los gimnasios o las agencias de viaje, y son “muy sensibles” a los cierres que se han producido mientras que no se les han dejado de cobrar impuestos a pesar de no tener ingreso alguno pero tampoco han contado con ayudas.
Por ello, ha reclamado que se les incluya en algún plan de choque, de los que están fuera igual que otros sectores, porque se producirán muchos cierres si no hay medidas de inyección de liquidez “a fondo perdido” y no préstamos que haya que devolver y generen insolvencia en las empresas.
En este contexto, José Manuel Ramos ha reconocido que es difícil para los servidores públicos con responsabilidad en la Administración tomar decisiones en esta situación en la que están vidas humanas en juego, por ello ha asegurado que les “tienden la mano” y les explican sus peticiones porque siempre han tenido con ellos un diálogo “constructivo” en el que les gustaría seguir.
A este respecto, ha expresado la sorpresa por la “cerrazón” y ha incidido en que todos los representantes de la mesa intersectorial, incluso sindicatos o la federación de jugadores rehabilitados, ven “razonable” su reivindicación.
Ramos cree que “no tiene sentido” gravar una actividad que por causa ajena a su voluntad no se ha podido desarrollar y reivindican lo que les parece justo sin querer convertir esto en una guerra entre la Administración y las empresas, ya que el “enemigo” es el coronavirus, frente al que hay que “aunar esfuerzos, salvar dificultades juntos” y no acabar dirimiendo estas cuestiones en los tribunales, que a su juicio sería “doloroso” para todos.
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