La CUP pide un Govern que no participe en desahucios y exige a Junts y ERC “elegir bando”

Urgen a una ley de alquileres y que el precio no sea más del 30% del salario

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha urgido a que tras el 14F salga un Govern que se niegue a colaborar en desahucios, en sus palabras, y ha exigido a Junts y ERC “elegir bando” en materia de vivienda.

En declaraciones a los periodistas este viernes frente a la sede de Haya Real Estate en Barcelona, Sabater ha urgido a ambas formaciones a situarse o bien al lado de los “grandes propietarios y fondos buitre” o bien atender a las demandas de organizaciones como el Sindicato de Inquilinos o la PAH.

La CUP ha puesto de manifiesto que “Haya Real Estate es un ejemplo de negocio que impide la vida digna de miles de familias, imponiendo precios abusivos para el acceso al alquiler”, y reivindican el derecho de los ciudadanos de tener acceso a una vivienda.

“Exigimos la regulación efectiva de los alquileres y que el Govern y el Departamento de Interior de la Generalitat no sean cómplices de los desahucios. Queremos un Govern que se niegue a colaborar en el desahucio de familias enviando a los mossos”, ha incidido Sabater.

También ha manifestado que si la CUP gana las elecciones trabajarán para ampliar el parque de vivienda pública “expropiando los pisos vacíos de fondos buitre”, y que fijarán el precio del alquiler en un máximo del 30% del salario.

EULÀLIA REGUANT

La número 3 de la CUP para el 14F, Eulàlia Reguant, ha destacado que “2/3 partes de los desahucios son de personas que viven de alquiler”, por lo que exige también la regulación efectiva de los alquileres para que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda digna, en sus palabras.

“Nos ponemos al lado del movimiento en pro de la vivienda en defensa de una ley de regulación de los alquileres, que una vez más ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional”, ha recalcado.

Por último, Reguant ha criticado que un total de “3.289 familias pendientes de un alquiler social pueden ser desahuciadas, mientras que son los bancos y los fondos buitre los que marcan los precios”.