LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)
La Federación provincial de la pyme del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) y la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) se han aliado para afrontar las licitaciones de los fondos europeos de recuperación.
El encuentro que mantuvieron este miércoles ha permitido establecer alianzas estratégicas y de cooperación con el fin de “sensibilizar al Gobierno de Canarias en la necesidad de establecer medidas tendentes a la participación significativa” de las empresas operadoras en las islas en cuanto a la “importante” financiación europea destinada a la recuperación económica.
De este modo, ambas organizaciones han solicitado el establecimiento de unos pliegos de condiciones que “no favorezcan las adjudicaciones a empresas, incluso de capital riesgo, que carecen de vocación de permanencia y de conformar estructuras estables”, matizando que solo acuden a las obras con “efecto compra, es decir, sin intención de ejecutarlas y subcontratándolas, por tanto, al 100 por 100”.
Así, añaden en un comunicado que el esfuerzo de sus bajas recae en las empresas canarias que son, posteriormente, contratadas para desarrollarlas, “colocando en clara desventaja a estas últimas, que cuentan con estructura, historia y vocación de actuar en este mercado de manera noble y estable”.
En este sentido, se puntualizó que en el Plan de Reactivación Económica de Canarias “se determina que estos sectores no solo están llamados a protagonizar el repunte económico, sino que serán el gran motor” de actividad en los próximos años, señalando que servirán “de colchón a las graves” caídas de otros sectores económicos que “sufren duramente” las consecuencias de la pandemia, así como las personas trabajadoras que “han perdido sus expectativas de empleo”.
Por ello, las dos patronales han optado por trasladar sus “inquietudes” al Gobierno canario, que será el encargado de gestionar los fondos del Plan de Reactivación Social y Económica 2020-2023 (Plan Reactiva Canarias) destinados a afrontar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus.
Para ello, solicitarán que se declare de interés público las inversiones en infraestructuras para promover una oleada de licitación pública, con el fin de que lleve aparejada la declaración de urgencia de los procedimientos administrativos con vistas a su licitación y adjudicación, así como el establecimiento de un Pliego de Condiciones que “no favorezca la piratería con la inversión pública para dar la oportunidad a las operadoras de concurrir en igualdad de competencia en Canarias”.
Por último, piden declarar de interés público el Plan de Vivienda de Canarias, ya que entienden que “se debe satisfacer la gran demanda” de viviendas protegidas (17.000), así como garantizar los niveles de sostenibilidad medioambiental a través de una “intensa actividad rehabilitadora”.
Este plan ha sido aprobado en el Parlamento y se ha validado un Decreto Ley, que “permitirá un mejor margen” de actuación en su desarrollo, por lo que entiende “urgente volcar la financiación disponible de manera intensiva”.
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