El 22 de diciembre se aprobó un real decreto que les obliga a ello
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Asufin ha denunciado ante el Ministerio de Consumo y los organismos competentes de consumo de cada comunidad autónoma que el 88% de las compañías financieras y de seguros sigue ofreciendo líneas de atención telefónica de pago como canal de atención a sus clientes.
El real decreto ley 37/2020 del pasado 22 de diciembre introdujo para los empresarios la obligación de poner a disposición de los consumidores una línea de atención telefónica de tarificación normal.
Además, reforzó esa obligación para las compañías de servicios básicos, como son los financieros y de seguros, que tienen que ofrecer un número gratuito (900) para sus clientes.
Dos meses después de su entrada en vigor, de las 57 empresas analizadas por la asociación, 42 ofrecen teléfonos de tarificación normal y hasta 8 publican números de pago (901 y 902).
Según detalla Asufin, las compañías Axa, Banca March, Banco Mediolanum, Cofidis, Deutsche Bank, Kutxabank, ING y VidaCaixa ofrecen números de teléfono de pago (901 y 902), si bien las dos últimas también cuentan con un número de tarificación normal. En el caso de Cofidis, Asufin critica que publica un número gratuito “de difícil acceso”, mientras que en portada de su web “aparece de forma clara y accesible el número de tarificación adicional de pago”.
En los casos de DKV, Bankinter, Triodos y Unicaja, los números 902 y 901 se han adaptado a tarificación normal, pero no son totalmente gratuitos.
Por el contrario, siete compañías cumplen con la normativa, de las que Asufin destaca cinco (Allianz, CaixaBank, CaixaBank Paymentns & Consumer y Renta 4) por haber modificado sus números de atención al cliente tras la publicación de la norma, pasando de la tarificación adicional a un 900 gratuito. La tabla la completan la aseguradora Aegon y los Servicios Financieros Carrefour EFC.
El escrito de la asociación también pone de manifiesto que, a excepción de la CNMV y el ICO, que ponen a disposición del consumidor teléfonos 900, el resto de administraciones ofrecen números de tarificación normal, incluido el propio Ministerio de Consumo.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha defendido que, “una vez se ha legislado en sentido positivo, es deber del Ministerio de Consumo que se haga cumplir la normativa que pretende facilitar la comunicación de los consumidores con las compañías que les proveen de los servicios básicos”.
“Si esos canales no son accesibles y entorpecen las relaciones entre clientes y empresas, se produce un indeseable efecto disuasorio en la reclamación y ejercitación de los derechos”, ha advertido.
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