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Hostelería, comercio y turismo extremeño podrán pedir ayudas de la Junta sin justificar estar al corriente de pago

MÉRIDA, 3 (EUROPA PRESS)

Los empresarios del sector turístico, comercial y hostelero en Extremadura podrán optar a las ayudas abiertas por la Junta para paliar las consecuencias en sus negocios de las restricciones adoptadas para afrontar la pandemia de la Covid-19 sin tener que presentar para ello, al contrario de lo que ocurre hasta ahora, la justificación de encontrarse al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Así, en virtud de un decreto aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta, y que engloba diferentes medidas también encaminadas a facilitar una mejor gestión de los fondos nacionales y europeos que lleguen a la región para afrontar las consecuencias de la pandemia, los beneficiarios de las ayudas autonómicas en cuestión quedan eximidos de presentar la citada justificación, aunque “no quedan eximidos de sus deudas” y “si obtienen la ayuda lo prioritario es pagar esas deudas”.

De este modo lo ha explicado la vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en rueda de prensa virtual este miércoles en Mérida en la que ha avanzado que el plazo de la convocatoria para poder optar a las ayudas abiertas por la Junta para hostelería, comercio y turismo se amplía por 10 días hábiles, aunque el crédito para la misma se mantiene en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir, también con carácter ampliable.

Al mismo tiempo, y dentro del decreto aprobado este miércoles por la Junta, los trámites ambientales para proyectos susceptibles de ser beneficiarios de fondos nacionales y europeos remitidos para afrontar la pandemia de la Covid-19 se simplifican, se reordenan y se gestionan de “mejor manera”.

En todo caso, Blanco-Morales ha incidido en que con carácter general se mantienen los plazos generales para licitadores (salvo supuestos “muy especiales”), beneficiarios de subvenciones, y las instituciones públicas y privadas y personas con derecho a la participación pública en actuaciones relacionadas con la evaluación medioambiental.


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