MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido este jueves amparo al Defensor del Pueblo, en una carta remitida al alto comisionado de las Cortes Generales, ante “las numerosas quejas recibidas por opositores” del examen de acceso al Cuerpo por la Escala Básica y, en concreto, por la prueba de ortografía.
Según el CEP, el examen del pasado 6 de marzo contó con “dos cuestiones de gravedad” para las que se ha iniciado una investigación, a partir de testimonios recabados. En un comunicado, ha explicado que “existe un consenso amplio sobre las anomalías en la prueba de ortografía que comienzan por el propio enfoque de la misma, basado en detectar en un listado de 100 palabras cuáles de ellas no están incluidas en el diccionario” de la RAE.
El sindicato ha denunciado que la prueba elaborada por el Área de Procesos Selectivos de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional “se ha limitado a fomentar la habilidad memorística, desnaturalizando el fin de este examen y alejándolo por completo de sus objetivos”. No ha medido, ha señalado el CEP, “de manera técnica y objetiva las capacidades de los aspirantes en cuanto a sus conocimientos de ortografía”.
Por ello, la organización ha explicado que “puede darse la circunstancia de que un opositor sepa si una palabra consta o no en el diccionario de la RAE pero que no sepa cómo se escribe. “Este último y no otro debería ser el fin último de una prueba que ha generado múltiples críticas”, ha justificado.
“ANOMALÍA” EN LA PRUEBA DE GRANADA
Por otra parte, el CEP también ha pedido amparo al Defensor del Pueblo por una “una anomalía detectada en Granada, una de las sedes elegidas para examinar a los candidatos”. Según su versión, los aspirantes a policía hicieron las pruebas de ortografía “unas dos horas más tarde que en el resto de España”, pudiendo de esta forma “no solo comprometer la seguridad del proceso sino fomentar desigualdades entre sus participantes dependiendo de la ciudad en la que se examinaran”.
Otra queja relacionada con este proceso tiene que ver con el hecho de que se hubiesen difundido las respuestas de la prueba cuando alguna de las sedes en las que se realizaba todavía tenía a opositores realizándolas.
El CEP ha recordado al Defensor del Pueblo que el artículo 103 de la Constitución Española obliga a la Administración pública “a servir con objetividad los intereses generales” y a actuar de acuerdo “con los principios de eficacia y coordinación, entre otros, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, tal y como se establece, además, en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público”.
“Lo ocurrido con la citada oposición es una muestra de quiebra del principio de igualdad entre candidatos que se someten a las pruebas de este proceso selectivo, al haber dispuesto algunos de ventajas objetivas en función de la sede en donde realizaban la prueba de ortografía, de tal forma que pudieron tener acceso a lo que se preguntaba y a las respuestas correctas”, ha añadido el CEP en su escrito.
En este punto, el sindicato ha protestado por que el contenido de la prueba “no se ha ajustó al objetivo declarado, y por tanto pretendido, de conocimiento de ortografía sino a una mera clasificación de palabras en cuanto a su presencia o no en el diccionario de la RAE”.
Los opositores a los que se refiere CEP en su escrito son los que optan a alguna de las 2.366 plazas de policía, a través de la oposición libre convocada por la DGP el 27 de agosto de 2020. En ese proceso, retrasado por las medidas de protección sanitarias por la Covid-19, hay una prueba física, otra de conocimientos y ortografía (la celebrada el 6 de marzo de este año) y un tercer bloque en el que se integran una entrevista personal, un reconocimiento médico y un examen psicotécnico.
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