MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Esquerra Republicana (ERC) ha registrado en el Congreso una proposición de ley en la que recoge una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que, entre otras medidas, el plazo de prescripción de un delito de abusos sexuales contra un menor en su centro educativo comience a contar cuando la víctima cumpla los 30 años.
En el texto, recogido por Europa Press, ERC también reclama un reforma de este estatuto para que se amplíe de seis a ocho meses la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario.
De este modo, se establece que dicha medida se mantendrá hasta que la resolución judicial adquiera firmeza en aquellos procedimientos penales que tengan por objeto enjuiciar delitos contra a libertad e indemnidad sexual cuando la presunta víctima sea menor de edad.
Esta ley también propone la pérdida de la condición de funcionario de carrera, como la consecuencia aneja a la firmeza de la sentencia condenatoria.
COLABORACIÓN ENTRE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
En este sentido, se recoge una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para introducir una nueva causa de extinción del contrato de trabajo para aquellos casos en que el trabajador que ejerce profesión, oficio o actividad que implica el contacto habitual con menores, sea condenado en resolución judicial firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Del mismo modo, se regula el procedimiento a observar durante el lapso de tiempo que se produce entre el inicio y la finalización de la investigación, y los efectos que produce.
El texto registrado incluye, además, una disposición adicional relativa a la colaboración entre el Poder Judicial y las administraciones públicas competentes. “El objetivo perseguido es la prevención y la rápida reacción ante casos de abusos o agresiones sexuales que se produzcan en centros educativos y en que el agresor forma parte del personal al servicio de la comunidad educativa y la víctima es menor de edad”, explica la formación independentista.
Así, se dispone que las resoluciones judiciales relativas al enjuiciamiento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres humanos, sean notificadas a la Administración Pública de la que dependan los investigados que ejerzan profesión o actividad que implique el contacto habitual conmenores.
FRENTE AL “PACTO DE SILENCIO”
Además, se propone que exista una dotación, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de un fondo para la formación del personal al servicio de la Administración que ejerza profesión, oficio o actividad que implique el contacto habitual con menores, en materia de prevención de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Para ERC, este tipo de situaciones de abuso “han sido ocultadas oinvisibilizadas” en muchas ocasiones al existir “una suerte de pacto de silencio entorno de la problemática” que se aborda en esta ley.
“Se trata, ciertamente, de un silencio cobarde que debemos romper y al que no podemos otorgar ninguna complicidad desde las administraciones públicas. Las nuevas generaciones de jóvenes ya han iniciado esa ruptura con el pacto de silencio y la obligación de los poderes públicos es de situarse a su lado hasta el final”, indica.
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