Blanco ensalza ante la FRMPCyL la posición de CyL en dependencia, inversión y empleo generado en el sector

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha ensalzado hoy la posición de Castilla y León en atención a la dependencia, inversión y empleo generado, durante su comparecencia ante la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Blanco, que ha participado por videoconferencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de la FRMPCyL, presidida por Inmaculada Sierra Vecilla, alcaldesa de Tordómar, ha destacado el compromiso con las personas dependientes, el apoyo a las familias y el impulso a la igualdad de oportunidades como los tres ejes de gestión en los que se centra su departamento.

Así, la consejera se ha referido a los últimos datos del ‘Observatorio de la Dependencia’, que mantienen a Castilla y León como comunidad líder en la materia, la tercera que más invierte en atención a la dependencia y la que más empleo genera, si bien ha advertido de la necesidad de seguir avanzando para mantener esos datos.

Entre los compromisos de la Consejería, que este año ha superado los mil millones de euros en su presupuesto, se encuentran reforzar y mejorar los servicios sociales, ampliar esos servicios y apostar por la calidad.

Además, se quiere avanzar hacia el sistema de dependencia de 5.0 y aprovechar la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a las necesidades reales de las personas, al objeto de que la protección social llegue a todo el que lo necesite, independientemente del lugar en el que resida y de sus circunstancias sociales.

La consejera ha valorado las ayudas puestas en marcha durante este año marcado por la crisis sanitaria, con los 20 millones de euros correspondientes al segundo Fondo Extraordinario aprobado por la Junta y que podrán gestionar directamente los ayuntamientos y diputaciones para hacer frente al aumento del gasto originado en la prestación de los servicios sociales por el COVID-19.

Con esta inversión se pretende compensar los gastos originados por la pandemia en los centros residenciales o por el cierre de comedores escolares, centros de día y centros ocupacionales, unos fondos que servirán para reforzar los servicios de proximidad que garanticen a los cuidados, sobre todo los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, mayores y colectivos vulnerables como es el caso de las víctimas de violencia de género.

A estos 20 millones se suma un tercer fondo de 3 millones para cubrir los gastos de conciliación que puedan tener las familias.