OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)
La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha defendido este miércoles que es “imposible” legalmente reducir a 35 horas semanales la jornada en la empresa pública asturiana de inspección técnica de vehículos, Itvasa.
Los trabajadores de Itvasa presentaron en 2020 una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por el incumplimiento del acuerdo alcanzado con la empresa para reducir la jornada de los trabajadores y contratar a más personal.
La justicia desestimó en diciembre la demanda, algo que, en opinión de Cárcaba, “prueba que la empresa siguió el procedimiento legal” y reconoce la “imposibilidad legal” de reducir la jornada. Al ser preguntada en la comisión del ramo por el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, sobre este asunto, la consejera ha asegurado que la decisión de no reducir la jornada obedece a las conclusiones de sendos informes de las direcciones generales de Presupuestos y Función Pública.
Ambas direcciones generales emitieron informes desfavorables al acuerdo alcanzado en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) entre la empresa y los trabajadores para la reducción de la jornada laboral.
El estudio de la Administración autonómica al respecto del acuerdo determinó las consecuencias económicas de esta decisión, que supondría la reducción del 7% de la jornada efectiva anual; una caída en la facturación de 800.000 euros anuales; y la necesidad de contratar con carácter de indefinidos a 15 trabajadores, con un coste anual de más de 450.000 euros.
En base a estos datos, se evidenció el “impacto negativo de la propuesta” en las cuentas, así como la “imposibilidad” de contratar a personal indefinido por estar ya agotada la tasa de reposición correspondiente a 2019. Con todo, el informe fue desfavorable en ambas direcciones generales.
Ante esta situación, el portavoz de Podemos ha criticado que una parte del gobierno –por la consejería de Industria–, participase en el acuerdo mientras otra parte –en este caso Hacienda–, “bloquea” el acuerdo mediante sus informes. Se ha preguntado Ripa si esto obedece a una “mala fe negociadora”, es una “acción intencionada para incumplir el acuerdo del Sasec”, o si se debe a una “mala organización” en el seno del Ejecutivo. Para Ripa, “no hay razón” para “privar” a los trabajadores de este derecho.
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