PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra, representado por el consejero Eduardo Santos y el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, ha ratificado este jueves, en la conferencia sectorial del ramo, su apuesta por el Plan Justicia 2030 del ministerio.
Esta iniciativa, que busca “la máxima eficiencia del servicio público que es la Justicia”, se basa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030, consistente en “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, a la vez que promueve el estado de derecho y garantiza la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
Durante su reunión telemática, la Conferencia Sectorial de Justicia -máximo órgano de coordinación entre comunidades autónomas y ministerio en esta materia- ha aprobado también los criterios de distribución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que, para 2021, se ha previsto desde la Unión Europea (EU Next).
Esta iniciativa permitirá que, ministerio y comunidades autónomas con competencias transferidas, “programen reformas estructurales, en un esquema de cogobernanza, durante los próximos años”, ha destacado el Gobierno foral en una nota.
Según ha indicado, tanto el Plan Justicia 2030, como la regulación referente a la distribución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son documentos a los que Navarra, como el resto de autonomías, “realizan importantes aportaciones en los últimos 12 meses”.
Se trata así de “dos documentos trabajados desde el principio de la cogobernanza, en los que Navarra ha incidido especialmente en la dimensión social de la justicia como servicio público, así como en lo relativo a la digitalización, área en la que la Comunidad Foral es pionera”, han destacado desde el Ejecutivo.
El Plan Justicia 2030 es un trabajo común a 10 años, desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación de país.
El objetivo clave es, según el propio documento, “transformar el Servicio Público de Justicia para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad”.
Conformado en la actualidad por más de 1.400 sedes repartidas por todo el territorio nacional, requiere de actuaciones que garanticen “una mayor eficiencia y una calidad superior, para asegurar el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio de derechos y libertades y contribuir a la sostenibilidad, la cohesión y la cogobernanza”.
En el diagnóstico que incluye el plan, los datos sobre recursos materiales y personales y su comparación con otros países del entorno europeo permiten concluir que “las ineficiencias deben abordarse para replantear estructuras y medios”.
Por ello, una línea básica de actuación es apostar por “la adopción de sistemas alternativos que permitan la resolución de conflictos mediante el acuerdo y sin necesidad de acudir a los tribunales”.
El Plan Justicia 2030 se basa también en dos cuestiones marcadas en el ODS16 de la Agenda 2030: “la necesidad de invertir en el acceso a la Justicia para los grupos vulnerables; y la centralidad de las personas a la hora de desarrollar el concepto de Justicia como servicio público”.
REFORMAS ESTRUCTURALES CON FINANCIACIÓN EUROPEA
Por otro lado, la aprobación de los criterios de distribución de créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea permitirá una distribución territorial coordinada y más objetiva de los fondos que lleguen desde Europa, y que tendrán como finalidad el desarrollo de proyectos de implantación progresiva de reformas estructurales.
Tales proyectos serán definidos conjuntamente por el ministerio y las comunidades autónomas mediante un sistema de cogobernanza.
Los fondos se repartirán, según los criterios aprobados hoy, mediante un sistema objetivo de baremación, que tendrá que ver con datos como el número de expedientes judiciales que se tramitan en el ámbito territorial, el grado de pendencia (atraso en resolución de expedientes), número de partidos judiciales o densidad de población.
La entrada de asuntos en 2019 será el criterio aplicado para el reparto proporcional del 70% de los fondos. Un 20% se distribuirá de manera variable entre las autonomías, según sus valores en pendencia, partidos judiciales o densidad de población. El 10% de los fondos se repartirá por partes iguales para cada comunidad autónoma y para el propio Ministerio de Justicia.
Con esos fondos se abordarán proyectos de implantación progresiva de reformas estructurales que, como se ha señalado, serán definidos conjuntamente entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas.
Previamente a ello, durante 2021, se desarrollarán leyes que darán soporte a la nueva arquitectura legal del Servicio Público de Justicia (procesal, organizativa, digital y lecrim); y se implantará el denominado “Proyecto 0” de Justicia 2030, que se centra en el despliegue de infraestructuras digitales básicas.
Se plantean, entre otras cuestiones, que en 2022 entre un 30 y un 50% de los órganos jurisdiccionales puedan realizar actuaciones telemáticas, en especial juicios; la implantación de sistemas de cita previa en trámites que hasta ahora no tienen, pudiendo llegarse a entre un 40% y un 60% del total de los mismos para ese año 2022; y la mejora de la ciberseguridad de la Administración de Justicia.
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