MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) ha acordado pagar 6,9 millones de dólares (unos 5,8 millones de euros) al Gobierno estadounidense en multas después de que una investigación revelase que el personal de la organización participó en corrupción al distribuir ayuda humanitaria en Siria.
El IRC ha acordado este pago para resolver las acusaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas relacionadas con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), programación financiada para afectados por el conflicto en Siria, según recoge un comunicado del Departamento de Justicia.
En concreto, el acuerdo es parte de una resolución civil que involucra a la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, a la USAID y a la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de la misma Agencia.
En los primeros años del conflictos de Siria, el IRC recibió fondos de la USAID para programas de asistencia humanitaria, en concreto ayuda transfronteriza de emergencia a desplazados internos ubicados en el interior del país.
Las investigaciones que han destapado prácticas corruptas las ha llevado a cabo la OIG, en Turquía y a partir de denuncias sobre que el personal del IRC participó en un esquema de colusión y soborno con una red de suministro turca, que incluía actividades de manipulación de licitaciones en la selección de contratos de bienes y servicios para la mencionada ayuda humanitaria, según relata el Departamento de Estado.
Asimismo, la OIG y la División Civil de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia han investigado las acusaciones de que el personal de la misma organización recibió sobornos, dirigió licitaciones y permitió conflictos de intereses con los proveedores sospechosos.
La investigación reveló así que la conducta del personal del IRC resultó en la adquisición de bienes a precios “irrazonablemente altos”, que posteriormente fueron facturados a la USAID desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2015.
“Nos complace llevar este caso a una resolución y continuaremos trabajando con las Oficinas de los Inspectores Generales para garantizar que el dinero de ayuda humanitaria destinado a la asistencia humanitaria para las personas desplazadas no se vea comprometido por controles de supervisión laxos, sino que se utilicen adecuadamente para ayudar a quienes se encuentran en una situación desesperada”, ha apuntado al respecto el fiscal federal interino, Channing Phillips.
Por su parte, el inspector general interino de la USAID, Thomas J. Ullom, ha recalcado que este acuerdo envía “un fuerte mensaje” de que los “implementadores financiados por la USAID deben tener sistemas para detectar, disuadir y prevenir el fraude en la programación de asistencia humanitaria”.
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