UGT reivindica el papel del diálogo social en la distribución de los fondos europeos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

UGT ha reivindicado este vienres el papel protagonista que debe jugar el diálogo social en la distribución de los fondos europeos para la reconstrucción “como mecanismo privilegiado para generar consensos amplios y compromisos que se acepten voluntariamente y se refrenden de forma pública y transparente”.

El sindicato ha señalado en un comunicado que la aprobación del programa “Next Generation Europe” (NGEU), que pondrá a disposición de España hasta un total aproximado de 140.000 millones de euros en los próximos años, es un “indudable éxito político” para las instituciones europeas.

Sin embargo, avisa de que la liberación de estos fondos está sometida a cierta condicionalidad introducida como cesión por parte de Bruselas a las posiciones de países como Holanda, Dinamarca o Austria, necesaria para lograr su aprobación.

Para UGT, esta condicionalidad en la distribución de los fondos no es algo positivo, pero celebra que esta vez Bruselas haya optado por una condicionalidad diferente a la del pasado, buscando requisitos “más adaptables en términos económicos y políticos, y diseñados por parte de cada Estado”.

“Sin embargo, sigue permaneciendo un proceso de negociación abierto entre Comisión y gobiernos en el que la vuelta a la imposición y la unilateralidad, como en la anterior crisis, podría producirse”, afirma UGT, que advierte de que esto no sería deseable y que habría que optar por acuerdos socialmente amplios y que apelen a la solidaridad, redistribución y esfuerzo compartido.

El sindicato recuerda que lo sucedido en la última crisis constituye un “ejemplo de malas prácticas” que no puede volver a repetirse, ya que la condicionalidad aplicada por las instituciones comunitarias en 2010 y 2012 obligó a ajustes fiscales que fueron directamente responsables de la prolongación de la crisis.

UGT entiende que el nuevo marco de condicionalidad del que se ha dotado a los Fondos Next Generation Europe no permite, como tal, la imposición desde las instituciones europeas de una agenda de políticas concreta.