MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)
El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha anunciado que el sindicato trabaja en un calendario “contundente” de movilizaciones de cara, entre otras razones, a exigir a la Junta que permita su participación en la negociación del destino de los fondos europeos de recuperación, así como a que abone los 400 euros de medida que adeuda a cada empleado público correspondiente a la subida salarial del 2 por ciento correspondiente a once meses del año 2020.
Otras de las reivindicaciones que llevarán al sindicato a la calle, una vez que la situaciones sanitaria por la pandemia lo permita, son el desbloqueo de forma “inmediata” de la carrera profesional, el impulso del teletrabajo, la modernización y digitalización de la administración regional, así como la reducción de las tasas de temporalidad.
“Ante el no diálogo, la no negociación de los fondos europeos con todos los actores suficientemente representativos, la no concreción de medidas para la modernización y digitalización de las administraciones públicas, la no dignificación de los empleados públicos, y ante la no apuesta por devolver las condiciones arrebatadas, vamos a comenzar con un calendario contundente de movilizaciones”.
Todo ello, ha añadido Román en una rueda de prensa este miércoles en Mérida, para que la Junta se siente a negociar estas cuestiones para que los empleados públicos vean “dignificadas” sus condiciones laborales y “reciban lo que se merecen ante el grandísimo esfuerzo que están realizando en esta pandemia”.
Con estas protestas, el sindicato dirá “basta ya” a la Junta, después de que se haya “cambiado la negociación por la imposición”. “No se está negociando nada, y lo que sí estamos viendo es que se está imponiendo mucho”, ha asegurado.
Una de estas cuestiones es el diálogo sobre el destino de los fondos europeos de negociación, que para el sindicato abren “un nuevo horizonte” en Extremadura, en el que CSIF apuesta por un cambio de modelo productivo, si bien a día de hoy Román no es optimista respecto al resultado, en tanto que la Junta ofrece “muy buenas palabras, pero muy pocos hechos”.
En este sentido, asegura que el Ejecutivo regional “se sigue haciendo las mismas fotos que hace cuarenta años”, en referencia al diálogo con los mismos sindicatos con los que viene “aplicando una receta del siglo XX para afrontar los problemas del siglo XXI”.
Así, sostiene que al no contar con CSIF, la Junta “sigue dejando fuera a organizaciones representativas” que puedan ofrecer sus propias aportaciones sobre el uso de estas cantidades que deben destinarse, ha señalado, a hacer “la vida más fácil a la gente” mediante la modernización de los servicios.
Según Román, en los últimos años hay “ejemplos para dar y tomar” acerca de reformas que “no sirvieron para nada”, entre las que ha recordado la ley de modernización de gobiernos locales de 2003, o el paquete normativo sobre la administración electrónica de 2015, que ha quedado en un “deseo que no se ha cumplido”.
Para evitar que ocurra igual en esta ocasión, CSIF quiere arrimar el hombro, con un mensaje a la Junta de que “entre todos” se pueden lograr todas estas cuestiones y que no queden los fondos “en un simple titular” de prensa.
“Tenemos que ayudar a las empresas y a los autónomos” después de años “muy malos” tras la crisis de 2008, por lo que ahora la Junta, en la gestión de estos fondos, “no puede fallarle nuevamente a la ciudadanía”.
ESFUERZO INSUFICIENTE
Por otro lado, ha reclamado un acuerdo de legislatura a nivel nacional para que los empleados públicos vayan recuperando el poder adquisitivo perdido en los últimos años, y que desde 2008 ha situado entre el 12,9 y el 17,9 por ciento.
Por ello, considera que el Ejecutivo central debería sentarse a negociar con las organizaciones sindicales, con las que ya se llegó a un acuerdo en 2018 en esta línea, que ha permitido subidas salariales del 1,75% en ese año, del 2,25% en 2019, en 2020 de un 2% –de los que la Junta no ha abonado once meses– y del 0,9% de 2021.
Así, reconoce que se ha realizado un “esfuerzo” que es aún “insuficiente” para evitar que los empleados públicos “cobren a día de hoy menos que hace diez años”.
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