Las transferencias entre sociedades del grupo de Martín Gual tienen “consecuencias en normativa mercantil” porque no hay justificación
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los peritos de la Agencia Tributaria han señalado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a varios exdirectivos de la caja balear Sa Nostra por una operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos –y por lo tanto con la subrogación de los préstamos– de Son Bordoy en Palma de Mallorca, que hubo “claramente una ausencia de diligencia debida” por parte de la entidad ya que no hubo controles ni en la concesión de esos préstamos ni en el seguimiento del uso de eso fondos.
Esta aseveración se ha producido durante la nueva sesión del juicio oral que se celebra en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y contra el empresario que trabajo para el Grupo Martín Gual (GMG) Javier Collado, dado que el promotor Martín Gual ya ha fallecido. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. Tesis que hoy encuentra apoyo en lo declarado por los peritos de la Agencia Tributaria.
Para el Ministerio Público, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver “se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra, y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras”.
Ahí se produce esa subrogación en favor de Haras y Nueva Palmira –dos sociedades de Martín Gual—, que tiene como protagonistas los terrenos ubicados de camino al aeropuerto de Palma, Son Bordoy. Los peritos, han explicado que ellos en su informe contrastaron la salida de fondos de esas dos sociedades en cuentas bancarias de Sa Nostra entre 2008 y 2011 para conocer si los desplazamientos patrimoniales procedentes de los préstamos tenían justificación.
El cotejo arrojó que “la mayoría de las transferencias eran simples salidas de fondos” lo que tiene “consecuencias en normativa mercantil y fiscal” porque se producen desplazamientos de dinero “sin justificación ni registro”. “Hay una desprotección patrimonial para la empresa prestamista, Sa Nostra, porque los fondos se usan para finalidad distinta para la que se concedieron y sin registro”, ha explicado.
Se refiere así a los movimientos de dinero entre sociedades del propio grupo de Martín Gual en esa época tras el traspaso de los fondos prestados por Sa Nostra para el proyecto de Son Bordoy. Los peritos han advertido de que cuando hay salidas de unas empresas a otras, en caso de ser préstamos debe haber una contraprestación, y han añadido que no tiene sentido que Haras diera dinero a otras empresas gratis a pesar de ser del propio grupo.
“Se hace un desplazamiento patrimonial en perjuicio de Haras y en perjuicio de la prestamista. Todos esos desplazamientos incumplen normas mercantiles porque son en perjuicio de Haras y Nueva Palmira”, ha detallado poco antes de que se tuviera que cortar la sesión por un problema técnico para mostrar documentos a peritos de parte que intervenían por videoconferencia.
LA CAJA ÚNICA A DEBATE
Durante la sesión de este martes también ha cobrado relevancia el debate de si el grupo de Gual tenía un sistema de caja única para sus diferentes sociedades o no. Dado que uno de los peritos de parte ha indicado que de facto era así, desde la Agencia Tributaria han matizado que para que se dé ese tipo de sistema es necesario que haya un contrato entre empresas para racionalizar el uso de la tesorería, y siempre hay una que controla el flujo de cajas.
Además, han explicado que si se centraliza el flujo de dinero, eso conlleva obligaciones y derechos, y si una sociedad tiene un préstamo de terceros debe poner en la caja común esa tesorería. “Con caja única la liquidación de intereses se hace a diario para saber la posición neta”, han indicado.
Preguntado por las existencias de ambas sociedades, Haras y Nueva Palmira, han indicado que del estudio que han realizado, y según el impuesto de sociedades, en 2008 Haras tenía existencias –terrenos– de 51 millones y deudas por valor de 44 millones. Esa situación se mantuvo en 2009 con terrenos por valor de 55 millones y deudas que ascienden a los 46 millones, y ya en 2010 las existencias valen 60 millones pero las deudas son “fuertes” y ascienden a los 60 millones. “A lo largo de su vida no vende nada, no tiene actividad comercial de ventas porque no ha transformado suelo urbanizable en vivienda para vender”, han apostillado.
EL USO DE LOS FONDOS
Pero otro perito aportado por la defensa ha señalado que en su dictamen analizó la salida de fondos en esas dos sociedades tras el préstamo de 2008 y ha indicado que a grandes rasgos las transferencias fueron destinadas al pago de intereses, impuestos, gastos de gestión, compra de terrenos y a traspaso a otras sociedades del grupo. Al hilo, ha resaltado que analizando los datos el resultado es que el grupo aportó 3,7 millones de euros a las cuentas de Haras y Nueva Palmira.
“Es aportación neta de Martín Gual a las cuentas analizadas de Haras y Nueva Palmira, ha apuntado, para matizar que esa aportación neta se extrae de la diferencia entre lo que ha recibido de ambas sociedades y lo que ha aportado a las mismas.
Ahondando en este cálculo, a preguntas de la acusación de Sareb que ha indicado que su informe “tenía limitaciones extremadamente fuertes”, el perito ha expuesto que la cuenta es sencilla y ha reconocido que efectivamente el grupo funcionaba con caja única. LOS ARQUITECTOS DEL PROYECTO DE PALMA
Durante la jornada de hoy también han pasado por la vista algunos de los arquitectos que participaron en el proyecto urbanístico tanto de Son Bordoy como de Son Morlà. El primero de ellos, que formó parte del equipo técnico que desarrollo el proyecto para Gual tras ganar el concurso ha explicado que conoció entonces a Collado (administrador de Haras) y que llevaba “toda la gestión administrativa y de lo que fueran las relaciones con diferentes administraciones del Gobern balear para el concurso.
“Todos los trámites tras adjudicar el concurso él los controlaba, los seguía los cotejaba y presentaba; era la mano derecha técnica del señor Gual”, ha indicado, para luego añadir que se dedicaba a hacer las comprobaciones técnicas.
Ha recordado además a preguntas de otras partes que tras el primer proyecto hubo una gran remodelación que supuso empezar “de cero” y que después de que salieran adelante las normas subsidiarias, necesarias para a urbanización, hubo nuevas exigencias por parte del ayuntamiento de Palma que les llevaron meses de trabajo. Con todo, ha explicado que tras la aprobación de la conocida como ‘Ley Carbonero’ se pasaron de aproximadamente proyectar 200 viviendas en esos terrenos a más de 800, cifra que luego menguó a las más 700 finales.
La fiscal, como en anteriores interrogatorios, ha preguntado por la razón por la que no se llegó a construir, uno de los arquitectos ha apuntado que la razón puede estar no solo en las complicaciones administrativas sino también en cambios de parecer de índole político.
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