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El personal de investigación sanitaria pide a la Junta que “desbloquee” su convenio colectivo

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El primer convenio de las fundaciones públicas de investigación sanitaria dependientes de la Junta de Andalucía, que tiene por objetivo unificar las condiciones de trabajo y los salarios de alrededor de 2.500 personas entre investigadores y personal de apoyo, ha sido apoyado este lunes por CCOO, quien ha exigido a la administración autonómica que lo “desbloquee” para que pueda tramitarse.

Según detalla en una nota de prensa el sindicato, este convenio englobaría a la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis), la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

“Existe una total disparidad de salarios entre las fundaciones e incluso dentro de cada una. Con este objetivo se abrió una larga y compleja negociación, durante un periodo de 18 meses (entre octubre de 2017 y abril de 2019), llegando por fin a un acuerdo de convenio”, señala el responsable de las fundaciones de investigación sanitaria de la federación de sanidad y sectores sociosanitarios (FSS) de CCOO Andalucía, Luis González.

El dirigente sindical mantiene que, como exige la Ley de Presupuestos de la Junta, el texto del convenio fue remitido a las consejerías de Hacienda y Regeneración para su visto bueno y “fue rechazado por la de Regeneración”, alegando que “suponía un incremento de gasto”. “Para llegar a esta conclusión y cuantificar el supuesto aumento de gasto, esta Consejería hizo caso omiso de todas las medidas incluidas en el convenio que suponían minorar el coste del mismo y, además, cerró los ojos a un hecho fundamental”, añade.

Según sostiene González, salvo una parte de la Fundación Progreso y Salud, las fundaciones de investigación sanitaria “no reciben ninguna transferencia de fondos de la Junta y se financian exclusivamente concurriendo a convocatorias de ayudas públicas y privadas para investigación”.

El coste total el convenio supondría, según los últimos cálculos que se hicieron llegar a la Consejería de Regeneración, 237.587,99 euros, lo que “no supondrían ningún coste para el presupuesto de la Junta”, puesto que se cubrirían con fondos propios de las fundaciones. “Una cifra mínima, cuando el objetivo es regularizar la situación de más de 2.500 investigadores”, recuerda el líder sindical.

Asimismo, el escrito remitido por los representantes de las fundaciones públicas de investigación sanitaria al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), desde el que le piden que desbloquee el convenio colectivo, hace referencia a dos cuestiones importantes. En primer lugar, a la reciente aprobación por parte de la Comunidad de Madrid del convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación, “que tenían unas condiciones de desregulación y de disparidades salariales similar a la de las fundaciones de Andalucía”.

En segundo lugar, a las conclusiones de la Comisión del Parlamento de Andalucía para la Reconstrucción Económica y Social, aprobadas por el Pleno del Parlamento el 24 de septiembre de 2020 que, entre otras cosas, disponen lo siguiente: “Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (*). Potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud. Promover un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta alcanzar la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB (*)”.

También dispone el “aumento de las partidas destinadas a los contratos predoctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementando tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad. Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del plan de reconstrucción del país. Mejora de la financiación estructural de los OPIs, el CSIC y los institutos de investigación universitarios”, según concluye CCOO.


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