Apdha se moviliza este miércoles contra el “abandono” de la población excluida y el “colapso” de los servicios sociales

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha convocado para este miércoles una movilización en distintas provincias andaluzas –Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada– para alertar acerca del “abandono” que sufre la población excluida y el “colapso” de los servicios sociales en la comunidad, y para exigir a las administraciones públicas que se fortalezca del estado del bienestar ante el recrudecimiento de la pobreza, con programas sociales, que además de a lo paliativo, vayan a las causas de la exclusión.

La organización ha afirmado en un comunicado que “no es admisible, por más tiempo, la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos”. Ha denunciado que, en algunas ciudades, desde el inicio de la pandemia “todas las Administraciones, y también los servicios sociales, han obligado a la población a ser atendida vía telefónica y telemática”. En esta línea, ha lamentado que la atención presencial con cita previa se ha dado en “muy contadas ocasiones” y han asegurado que les “consta que todos estos medios han demostrado su mal funcionamiento”.

“Han estado colapsados, inoperantes, con falta de personal y de otros elementos necesarios”, ha criticado, al tiempo que ha indicado que las personas que, en muchas ocasiones, se han visto en situaciones de emergencia, por la carencia de necesidades básicas, “han sufrido grandes esperas, colas interminables y demoras para ser atendidas, derivándolas en muchas ocasiones hacia servicios externalizados y privatizados”.

A juicio de la Apdha se revela como esencial la disposición de unos presupuestos suficientes para atender las necesidades sociales existentes, que permitan contar con personal estable para unos servicios sociales públicos, universales y de calidad, “rompiendo con la tendencia privatizadora impuesta actualmente y recuperando la atención presencial plena”.

En tal sentido, la asociación ha explicado que las personas que requieren gran parte de estos servicios “sufren una doble exclusión: primero, no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y después quedarse excluidas por la brecha digital y la desatención presencial”. Han recordado que la razón de ser de las administraciones públicas es aportar los servicios necesarios para las personas, especialmente, la atención y el cuidado de aquellas más vulnerables y empobrecidas. “Lo demás debe subordinarse a esto”, ha destacado.

Ha alertado que la mayoría de las ayudas sociales anunciadas “se quedan en simple propaganda, que no terminan de llegar a las personas”, a pesar de las urgentes necesidades existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos.

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

A este respecto, Apdha ha criticado que “la Junta no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan”. Las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (Remisa), “última ayuda social que se puede solicitar cuando no tienes nada, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas”.

Por otra parte, han aludido al Ingreso Mínimo Vital, creado por el Gobierno central, que “generó muchas expectativas, pero en la práctica solo está llegando a un número muy reducido de las personas excluidas”.

La organización ha considerado que el derecho humano a la protección social, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y malviven en el más absoluto desamparo. Son personas privadas de derechos sociales y económicos. Personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas”.

Ha alertado que los indicadores que hacen referencia a la pobreza y la exclusión en Andalucía “no dejan de crecer”. Así, la asociación ha recogido los datos del informe ‘Urban Audit 2021’, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se aprecia que, en Andalucía, se encuentran 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 12 de los 15 barrios más pobres de toda España.

También, la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial publicó unos datos que concluyen que, en Andalucía, en el primer trimestre del año 2021, se han llevado a cabo una media de 18,72 lanzamientos habitacionales diarios (el 66% por impago de alquiler), pese a las medidas especiales adoptadas durante la pandemia, “una realidad a todas luces injusta e inaceptable”.

Esta situación “pone en evidencia la urgente necesidad” de disponer de un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender a las personas más vulnerables y necesitadas, y de una Ley de Vivienda que “castigue las propiedades inmovilizadas y garantice precios accesibles de alquiler”, ha apuntado.

Para la organización, es urgente poner en marcha la renta básica universal, que “acabaría con muchas de las situaciones de pobreza”, y ha terminado indicando que “es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz, ayudando a descongestionar los servicios sociales y poniendo en valor su verdadera función”.