LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 (EUROPA PRESS)
El Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) ha valorado el principio de acuerdo entre el Gobierno central y el regional para regular el tope de deducción anual por incentivos fiscales en Canarias a 12,4 millones (aumentando los 5,4 actuales en 7 millones) pero ha pedido aspirar al máximo anual que le corresponde al archipiélago y que en la actualidad estaría en 18 millones.
En un comunicado, la entidad ha hecho especial hincapié en que llevan más de un año “conviviendo” incertidumbre y la inseguridad jurídica a la hora de desarrollar su actividad.
Aquí, recordó que desde la modificación de los incentivos de mayo de 2020 reclaman a las instituciones públicas trasladar el límite máximo anual de la deducción por inversiones en producciones audiovisuales españolas y extranjeras realizadas en Canarias, a los 18 millones de euros, por representar un porcentaje superior, de un 80% más que en el territorio común, tal y como se presenta en el art. 94 de la Ley 20/1991 de modificación del REF.
“Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda no se ha respondido ni resuelto el asunto, provocando un efecto de huida de las producciones extranjeras, poniendo en grave peligro las inversiones realizadas y sobre todo proyectando una imagen exterior de nuestra región de inseguridad y de incertidumbre jurídica”, expuso el Clúster.
Por ello, ha visto con buenos ojos el principio de acuerdo como una solución a corto plazo para poner fin a la situación de “incongruencia” legal para el territorio insular y comenzar a “revertir la situación de injusticia que padecen” en pro de mantener un diferencial respecto al territorio común como establece el REF.
En todo caso, el CLAC entendió que esta subida tiene que formalizarse por las vías legales correspondientes con antelación suficiente a la presentación de las autoliquidaciones tributarias correspondientes del ejercicio fiscal de 2020, en especial, a la presentación del Impuesto de Sociedades (durante el mes de julio 2021) para que tenga verdadera eficacia.
ASPIRAR A CONSEGUIR EL MÁXIMO ANUAL QUE LE CORRESPONDE A CANARIAS
Por otro lado, el Clúster ha instado a instituciones, partidos y agentes sociales a seguir defendiendo la mayor claridad y concreción posible en las normas que regulan el sector, a respetar el ordenamiento jurídico español, a aspirar a conseguir el máximo anual que a Canarias le corresponde según el porcentaje establecido del 80% –18 millones– y a que los límites que se establezcan en la futura reforma del REF adopten la fórmula de porcentajes y no mediante cifras concretas.
La entidad ha apuntado que el 6 de mayo de 2020 se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprobaron una serie de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Entre otras novedades, la Disposición final primera incrementó los incentivos fiscales relacionados con la producción audiovisual. En concreto, estableció una subida de 5 puntos en la deducción por inversión, que pasó a ser del 30% respecto del primer millón y del 25 % sobre los millones sucesivos, así como un nuevo tope máximo por cada producción realizada, que ascendió de 3 a los 10 millones de euros.
“En Canarias –señaló el CLAC– celebramos en su momento estos cambios porque, gracias al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el porcentaje de deducción aumenta automáticamente en 20 puntos sobre cualquier incentivo, que por tanto pasó a ser del 50 y 45%, respectivamente”.
No obstante, agregó que el cambio respeto al incremento del importe máximo de la deducción no se produjo de la misma forma automática, pese a lo que indica el art. 94 de la Ley 20/1991 del REF, que establece que la “deducción por inversión en Canarias, tendrá por límite máximo un porcentaje […] siempre superior en un 80% al que para cada modificación de la deducción por inversiones se fije en el régimen general”.
OTRAS MEJORAS
Además, ha propuesto otras mejoras en los incentivos fiscales, como el de tratar que exista un único incentivo fiscal, adoptando el modelo del incentivo internacional (el Tax rebate del 36.2), más eficaz y operativo que el nacional (el denominado 36.1), que se basa en la inversión directa del productor en el territorio.
También piden que se reduzca el límite mínimo por debajo de un millón de euros para la inversión directa del productor (según la fórmula actual del incentivo internacional), ya que se están desaprovechando oportunidades de que sea usado por un mayor número de productores canarios.
“La disminución de este límite es la vía de acceso para que nuestras pymes del sector audiovisual atraigan más proyectos del mercado internacional adecuados a su escala, y generen industria”, matizó.
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