Responsables de Auditoría de Repsol y Caixabank aseveran que la contratación con Villarejo se adecuó a la normativa

Moreno destaca que las cuatro facturas pagadas por Repsol se tramitaron como encargos puntuales sucesivos, y que Araujo podía autorizarlas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los responsables de Auditoría Interna de Repsol y Caixabank han señalado este jueves ante el juez que investiga los trabajos del comisario José Manuel Villarejo para ambas compañías que el proceso para la contratación de sus servicios fue el adecuado y que se hizo conforme a la normativa interna de ambas empresas.

Según fuentes consultadas por Europa Press, presentes en la declaración, la directora de Auditoría y Control de la energética, Isabel Moreno, ha explicado que en su informe de análisis del proceso de contratación con Cenyt –empresa de Villarejo–, elaborado entre septiembre y diciembre de 2019, llegó a la conclusión de que los procesos que se siguieron para contratar con ese proveedor y el pago de las diferentes facturas fueron los correctos y que por tanto se cumplió con la normativa. “Mi conclusión es que esto se hizo de forma adecuada”, ha añadido.

Estas nuevas declaraciones se producen en el marco de la pieza 21 de Tándem en la que se investiga el ‘proyecto Wine’. Según el magistrado, Manuel García-Castellón, los servicios contratados a Villarejo tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de la petrolera y de la entidad catalana, que aparecen como aliados empresariales, en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF para tomar el control de la compañía.

Se refiere a Sacyr Vallehermoso, que en 2011 era presidida por Luis del Rivero y que habría llegado a un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control del consejo de administración presidido por Antonio Brufau.

La maniobra es detectada por Repsol y, según el juez, con la ayuda de CaixaBank paralizó de manera temporal el desarrollo del plan elaborado por Del Rivero retirándolo de la presidencia de Sacyr, y haciendo lo mismo con su hijo y con uno de sus colaboradores claves, Rodrigo Álvarez Vázquez, que era el encargado de Seguridad.

Hoy los fiscales anticorrupción que llevan esta pieza, Miguel Serrano y César de Rivas, han puesto el foco en si el contrato se hizo de acuerdo a la norma o no. Moreno, en su comparecencia, ha puntualizado que las cuatro facturas pagadas por Repsol se tramitaron como encargos puntuales sucesivos y no como un solo trabajo, por lo que el responsable de Seguridad, el imputado Rafael Araujo, pudo aprobar el pago de las mismas y gestionarlas como se hizo a pesar de lo elevado de las cantidades.

Al hilo, Moreno, que comparecía como testigo, ha aseverado que, del análisis del proceso para el informe, no hallaron evidencia que permitiera concluir que hubo anomalías en el proceso de pago de facturas, y que por tanto se tramitaron de forma adecuada. No obstante, ante la pregunta de por qué no hubo concurso de proveedores para ese servicio que realizó Villarejo, ha explicado que la normativa dice que hay excepciones que permiten la adjudicación directa, como que sea un servicio especializado, la confidencialidad o la urgencia, y que en este caso concreto se cumplían esos requisitos por lo que no pasó por la unidad de compras.

SE ANALIZÓ PORQUE SALÍA EN PRENSA

En cuanto al motivo que llevó a la compañía a analizar con detalle el caso, ha señalado que la comisión de ética de Repsol determinó que se debía hacer un análisis por parte del Chief Compliance Officer, Enrique Hernández, ante las noticias que salían publicadas en prensa.

Por su parte, el responsable de Caixabank, Ruben Benavent, ha apuntado que los informes que aportaba el comisario eran de poco valor, en la línea de lo declarado por los analistas de seguridad de Repsol, y que incluso alguno era un ‘fusilado’ de Google con las traducción del inglés al español.

Sobre quién determinaba el concepto de la factura en Caixabank, ha apuntado que el responsable de Seguridad Miguel Ángel Fernández Rancaño, también imputado, le explicó que era el proveedor el que decía el concepto de las mismas. Y en cuanto a la inexistencia de contrato firmado con Cenyt, ha aseverado que la normativa no lo exige.