SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha dictado una providencia el pasado 24 de junio, dando cuenta de la recepción de un escrito de la Fiscalía provincial con relación a la acumulación en la causa que ya investiga dicha instancia judicial, por la denuncia promovida en 2020 por Inversión Corporativa contra el consejo de administración de la multinacional tecnológica Abengoa fruto de la primera reestructuración, sobre el segundo rescate financiero y el supuesto vaciamiento de la sociedad matriz del grupo, según ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Sendas denuncias habrían sido formuladas por accionistas de Pontevedra y de Madrid, siendo las mismas derivadas hacia la Fiscalía de Sevilla al ser la capital andaluza la sede social de la multinacional, declarada desde hace meses en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración.
Las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número ocho en las que se acumulan estas denuncias derivarían de una denuncia inicial de la entidad Inversión Corporativa, presidida por Felipe Benjumea, quien presidió Abengoa entre 1991 y septiembre de 2015, accediendo a finales de 2016 Gonzalo Urquijo a la Presidencia de la entidad, contra los miembros del consejo de administración fruto de la primera reestructuración, por el segundo rescate financiero de la misma y el supuesto vaciamiento de activos de la sociedad matriz, aspectos en los que se encuadrarían igualmente las dos denuncias ahora acumuladas.
EL REGISTRO DE LA SEDE
Ello, después de que el pasado mes de abril, la sede central de Abengoa, en el centro tecnológico de Palmas Altas, fuese sometida a un registro por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional.
Las actuaciones judiciales del Juzgado Central número dos, según precisaban a Europa Press fuentes del caso, habrían comenzado en 2016, como consecuencia de una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional tiempo antes, posiblemente en 2015, por un grupo de accionistas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental cometido en la gestión.
Ante dicho registro, de notable proyección mediática, la actual dirección de la multinacional Abengoa indicaba que la causa estaba bajo secreto de sumario y que giraría en torno a “un procedimiento completamente ajeno a la actual administración” de la entidad, declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla.
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