MADRID/SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)
La Administración regional de Cantabria registra un déficit en marzo de 67 millones de euros, lo que equivale al 0,49% del Producto Interior Bruto (PIB), por encima de la media del conjunto de las comunidades, que es del 0,26% (3.161 millones), según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.
En un año, la comunidad ha pasado de tener en abril de 2020 un superávit de 35 millones, correspondiente al 0,27% del PIB, a situarse en el mismo mes de 2021 con un déficit del 0,49%.
En términos de PIB, el déficit de Cantabria es de los mayores de las comunidades, solo por detrás del que registran Canarias (1,47%); Murcia (0,96%); Baleares (0,56%) y Andalucía (0,54%), si bien, en términos absolutos, es el noveno más bajo de aquellas que lo tienen.
Y es que hay cinco comunidades que tienen superávit: Asturias, donde éste se eleva al 0,55%; Navarra (0,37%), Castilla y León (0,13%); País Vaco (0,08%), y Extremadura (0,06%).
En cuanto al impacto asociado al coronavirus, en Cantabria se ha cifrado en 32 millones de euros, el 0,23% del PIB, dos décimas por encima de la media (0,21%).
DATOS NACIONALES
El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 21.910 millones de euros hasta abril, lo que supone restar 6.676 millones a la cifra registrada un año antes, un 23,4% menos, como consecuencia del impacto de la pandemia, por lo que desciende al 1,81% del PIB.
En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de mayo, el dato se sitúa en el 2,53% del PIB, frente al 2,91% existente hasta mayo de 2020, y desciende un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
En cuanto al déficit público hasta abril, el de la Administración Central se situó en 16.690 millones, el 1,38% del PIB, y el déficit del Estado en abril, en términos de PIB, equivale al 1,33%, alcanzando la cifra de 16.058 millones.
Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron a finales del mes de abril un déficit de 632 millones, frente al déficit de 245 millones de abril de 2020, lo que supone aumento del 158% interanual, más de seis veces más de lo registrado un año antes.
La Administración regional registró un déficit en abril de 3.161 millones de euros, lo que equivale al 0,26% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 4%, frente a los ingresos, que prácticamente se mantienen estables.
De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas a Hacienda, 3.509 millones corresponden hasta abril a gasto socio-sanitario derivado de la Covid-19.
En cuanto a los fondos de la Seguridad Social hasta abril, registraron un déficit de 2.059 millones, lo que supone un 0,17% en términos de PIB, y una caída del 73,9% respecto al mismo periodo de 2020.
Este mejor comportamiento, explica Hacienda, es consecuencia de un incremento de los ingresos del 7,7% (destacando el buen comportamiento de las cotizaciones) frente al descenso de los gastos del 2,1%.
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO
En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta mayo, registró un saldo negativo equivalente al 2,53% del PIB, frente al 2,91% registrado en los cinco primeros meses de 2020.
Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 11,1%, frente al menor incremento de los gastos que crecen un 5,1%.
En concreto, los recursos no financieros ascendieron a 69.464 millones, creciendo los ingresos fiscales un 16,8% respecto a mayo de 2020, hasta los 58.442 millones.
Y hasta mayo, los gastos no financieros del Estado se situaron en 100.092 millones, cifra superior en un 5,1% a la registrada en 2020. Este aumento se debe fundamentalmente a las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas, que ascendieron a finales de mayo a 62.002 millones, un 10,5% más que en 2020 y, principalmente, a las destinadas a los Fondos de la Seguridad Social, que han pasado a 11.677 millones hasta mayo de 2021, 3.736 millones más.
El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 5.074 millones, de los que 4.765 millones fueron transferencias a las comunidades autónomas y 308 millones es el gasto en los consumos intermedios, parte del cual corresponde a las vacunas.
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