Asegura que la estructura del funcionariado público “no es adecuada” para una actividad de esta naturaleza
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, ha reclamado que el colectivo de censores jurados de cuentas sea quien audite y controle la aplicación de los fondos europeos: “Estamos en mejores condiciones” que la administración.
En una entrevista de Europa Press, Gómez ha defendido que la estructura del funcionariado público “no es adecuada” para una actividad de esta naturaleza.
Gómez considera que su colectivo puede asumir más personal sabiendo que la propia rotación natural de las firmas después les permitirá aligerar las estructuras, algo que ve incompatible con el ámbito público.
Además, ha señalado que los auditores, al trabajar para distintos sectores, tienen una determinada experiencia y que en el ámbito del sector público es mucho más difícil tener esta movilidad: “Por tanto, entendemos que no sería eficiente”.
CONFIANZA Y TRANSPARENCIA
“La sociedad aún no tiene conciencia, pero donde se tendría que regular adecuadamente, preveyendo este modelo, es en la administración pública” con el objetivo de mantener la confianza y no crear suspicacias con la opinión pública.
También ha manifestado que les preocupa que pueda haber una situación de falta de transparencia o de confianza de lo que hacen las organizaciones.
“Nos preocupa que con la cantidad muy significativa de fondos y proyectos aquí haya una situación en la que cual falte no solo el control, sino especialmente la transparencia y esta confianza”, ha añadido.
“Por tanto, sería muy importante que se asegure de que habrá mecanismos efectivos de control precisamente porque este tipo de sospecha que pueda haber en este momento, queden acalladas”, ha añadido.
SINDICATURA DE CUENTAS
Ha sostenido de que sería un error pensar que esta tarea de auditoría ya lo hará en el caso de Catalunya la Sindicatura de Cuentas porque, ha advertido, no tiene recursos y se está hablando de un “trabajo muy significativo y muy puntual”.
“Los fondos europeos dicen que se tiene que revisar su aplicación pero no dicen cómo. La autoridad última será la administración pública, la Sindicatura de Cuentas o semejantes; pero, claro, lo que decimos es ‘alerta”, ha señalado.
Sobre este organismo, Gómez ha advertido de que revisa un ayuntamiento al año como mucho y lo hace cuatro o cinco años más tarde: “¿Esto es eficiente? Pues no, seguramente si hay algo a mejorar del equipo de gobierno en cuestión, ya no están”.
También ha puntualizado que la función de la auditoría es la prevención y, en segundo término, de mejora; no tanto de encontrar problemas.
“Lo mismo pasa con todos los elementos de auditoría. En el caso de los fondos europeos, el primer término es prevención y, por tanto, saber que después alguien más se lo mirará y seguro que se lo mirará con ojos críticos”, ha añadido.
También ha defendido que, como son planes plurianuales y de aplicación de gasto durante más de un año, lo importante es que, si algo se ha hecho, se pueda rectificar, por lo que ve bueno revisiones anules para estar a tiempo de correcciones si son necesarias.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
“Nosotros no queremos el protagonismo, ya nos va bien seguir pautas que nos marque quien sea. Lo que pensamos es que por diversas circunstancias estamos en mejores condiciones de asumir este control que otros órganos por sí mismos internamente”, ha añadido.
Gómez considera que la solución es imitar lo que han hecho otros países, como el Reino Unido y Portugal: desde el equivalente a la Sindicatura se marcan las pautas, que controla y dirige, pero el trabajo de campo y ejecución está orientada al sector privado.
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