Las empresas de transporte de Andalucía solicitan a la Junta la devolución de avales de los contratos escolares

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha exigido este domingo a la Junta de Andalucía la devolución “inmediata y por vía de urgencia” de los avales de la garantía que se depositaron para la realización de los servicios de transporte escolar adjudicados en el curso escolar 2020/2021.

En un comunicado, el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, señala que una vez cumplido satisfactoriamente por las empresas el contrato de servicio público de transporte escolar en el pasado curso, “es imprescindible que se proceda de inmediato devolución de la garantía”, ya que les crea “una complicación añadida a los numerosos problemas económicos que arrastra el sector desde el inicio de la pandemia”.

En su opinión, las actuales circunstancias que atraviesa el sector de transporte de viajeros por carretera tras esta larga pandemia, las dificultades de tesorería en que se encuentran las empresas y la dificultad añadida de las garantías crediticias “deben ser causa suficiente para que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) proceda por el trámite de urgencia a la devolución de las garantías constituidas en su día, a fin de evitar gastos innecesarios para las empresas en cuanto intereses y comisiones por la renovación de avales y seguros de caución a su vencimiento anual”, y de liberar cargas crediticias que minora la capacidad de endeudamiento de los transportistas en “un sector que lleva 16 meses en profunda recesión”.

“Es imprescindible que la APAE active por el trámite de urgencia la devolución de las garantías contractuales a fin de no perjudicar a las empresas transportistas que han de participar en las licitaciones de los contratos de transporte escolar del curso 2021/2022, ya que las empresas adjudicatarias habrán de formalizar nuevas garantías para poder firmar los contratos, produciéndose una duplicidad de importes garantizados, circunstancia que perjudica notablemente la tesorería y solvencia de los transportistas que vienen prestando el servicio público de transporte escolar”, concluye Vázquez.