SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganadores (COAG) ha criticado este martes que “la mayoría de alimentos importados son mucho más baratos que los producidos en España” porque la UE y España “exige” a las ganaderías “estrictas normas” mientras que “favorecen” la entrada de alimentos producidos “con estándares más laxos” de seguridad alimentaria.
De esta forma, COAG ha alertado en una carta abierta que los precios de entrada de las importaciones “llevan años presionando a la baja” los precios pagados de la ganadería, mientras que el precio percibido por los productos “es el grueso” de los ingresos de las explotaciones.
Por eso, ha pedido también a la ciudadanía que “se interese” por los precios de los alimentos, y “que exija” a los legisladores normas que garanticen una adecuada remuneración del trabajo en el campo y un reparto equilibrado de los beneficios generados a lo largo de toda la cadena alimentaria.
“La ganadería es un trabajo que requiere 24 horas al día, siete días a la semana y que, a día de hoy, no está siendo adecuadamente remunerado”, ha afirmado COAG.
Este comunicado nace a partir del 6 julio, momento en el que el ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), publicaba un artículo en el que lanzaba una recomendación a la sociedad española de moderar la ingesta de carne. COAG ha apuntado que este tema “no era nuevo, aunque sí la forma de plantearlo ya que Garzón hablaba en su texto de que no todos los modelos de producción agropecuaria tienen el mismo impacto porque hay sistemas más sostenibles”.
En el documento, se han recogido datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que indican que, en el caso del sector lácteo, “el 12,3% de las explotaciones produce ya más de la mitad de toda la leche que se ordeña en España y desde 2015, han desaparecido 5.000 ganaderías”.
COAG ha criticado que existe una “progresiva concentración” de la producción en “pocas manos” que se da “a costa del cierre de miles de empresas familiares que son incapaces de seguir compitiendo con las macroexplotaciones”, una evolución que se ha ido “fomentando” durante años “por parte de las administraciones públicas y las grandes empresas alimentarias”.
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