SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y Madrid han mostrado su rechazo al diseño “impuesto” por el Ministerio de Trabajo para la finalidad de los fondos de recuperación y resiliencia.
Este miércoles ha tenido lugar la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. El principal tema tratado ha sido la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y el diseño “impuesto” por el Gobierno de España para que éstos sean destinados a una relación de destinos funcionales.
La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se ha unido a lo manifestado por los representantes de las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Castilla y León, y la Región de Murcia y ha mostrado su rechazo a esta “invasión” de competencias, puesto que la participación de las comunidades autónomas “ha sido puramente testimonial y simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas”, ha indicado la Junta en una nota.
Los representantes de estos gobiernos autonómicos han remarcado que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo.
Así, los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid muestran su desacuerdo al comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como “meras ejecutoras” de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión.
Denuncian, por tanto, que “se impongan los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes en sus territorios, y en su mayoría, son imposibles de automatizar los procesos de aplicación. Adicionalmente, la obligada aplicación de esas políticas “no está acompañada de los recursos financieros suficientes para desplegarlas en tiempo y forma”, señalan.
Asimismo, han denunciado la “opacidad” en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi tres de cada cuatro euros de la totalidad de fondos que recibirá España.
Los representantes de los gobiernos autónomos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas “toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que hayan podido participar en su diseño”.
Del mismo modo, advierten que la fórmula utilizada incorpora “un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica”, además de “no cumplir” con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.
Asimismo, consideran que “el comportamiento de ambos ministerios en la correspondientes Conferencias Sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo son una muestra más del desplegado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las comunidades sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos”.
- Te recomendamos -
