Antifraude no ve indicios de corrupción en la subvención de los fondos Ruralter a una empresa de Francis Puig

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

La Agencia Valenciana Antifraude no ve indicios de la posible existencia de fraude o corrupción en las ayudas que la empresa Comunicacions dels Ports SA, de Francis Puig, recibió de los fondos Ruralter-Leader.

Así figura en un informe del organismo elaborado a raíz de una denuncia sobre la posibilidad de que la Dirección General de Desarrollo Rural y PAC, dependiente de la Conselleria de Agricultura, hubiera incurrido en una irregularidad por el pago de una subvención a dicha empresa –vinculada a Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig– inicialmente denegada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de concesión. La subvención ascendía a 36.645 euros correspondientes a las anualidades de 2012 y 2013 y la concesión se resolvió en 2015.

Tras recabar información y según ha podido saber Europa Press, la Agencia Antifraude ve acreditado que la solicitud del pago de la anualidad de 2012 no fue registrada de entrada en ningún registro oficial, mientras que la de 2013 sí lo fue en el Grupo de Acción Local (GAL) Portmader el 13 de septiembre de ese año, aunque habría sido remitida a la Conselleria un mes después, tal y como constata el registro de salida.

Señala, asimismo, que transcurrió un mes desde la fecha en que la solicitud del pago 2013 fue registrada de entrada en el GAL Portmader y hasta que dicho organismo procedió a su remisión a la Conselleria a través d la Ofisam de Morella (14-10-2013) lo que supuso un incumplimiento del plazo máximo de 5 días hábiles establecidos para dar traslado a la Conselleria de la solicitud del pago.

La agencia también expone que se han localizado en el expediente hasta tres certificaciones de final de obra en tres documentos físicos diferentes y dos certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias soportados también en documentos distintos. También habla de tres solicitudes de pago de la anualidad de 2012 en otros tantos documentos.

Analizados los datos “en detalle”, el órgano concluye que no se dan los supuestos para que los hechos denunciados puedan ser susceptibles de ser constitutivos de fraude. Así, incide en que no se dispone de prueba o indicio del cumplimiento de los requisitos que fundamenten la posible existencia de fraude o corrupción.

No obstante, la agencia sí aprecia que se han producido “déficits” en el adecuado cumplimiento del ordenamiento referente a subvenciones, aunque no hacen anulable el acto administrativo. En este sentido, recuerda que se consideran “irregularidades no invalidantes a aquellos defectos formales que no desarticulen la validez del acto administrativo”.

RECOMENDACIONES

En esta línea, formula una serie de recomendaciones a la Conselleria de Agricultura y le da un plazo de un mes para que informe de las medidas adoptadas.

Estas sugerencias pasan por establecer protocolos, procedimientos o mecanismos de trabajo que permitan tramitación de las subvenciones de forma íntegramente electrónica, de forma que se garanticen los principios inspiradores del procedimiento común, evitando situaciones como la investigada en el presente expediente, en el que se hallan diferentes versiones en papel de un mismo documento.

Asimismo, insta a habilitar una fórmula que asegure el registro electrónico en todos los entes colaboradores, como los Grupos de Acción Local, con posibilidad de proceder a realizar anotaciones de registro de entrada con las consecuencias que implican para la posterior tramitación. Eso con el objeto de que exista una constancia electrónica de la presentación de la documentación que permita dejar la trazabilidad exacta de la fecha y hora de las anotaciones del registro y documentos presentados anexos.