Reclama a la vicepresidenta que comunique “por escrito” estas nuevas condiciones
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reprochado este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que solicite a las comunidades autónomas que apliquen criterios para las ayudas Covid directas nacionales para empresas “distintos a la Ley” y que no están contemplados en el decreto que las regula.
“Calviño fue la ministra que escribió el decreto sin consultar con nadie y ninguna CCAA… ¿Qué pasa? Pues que está muy mal hecho (…) ¿Pretende que lo apliquemos de forma distinta a la Ley? No hay interventor en la administración que lo vaya a autorizar”, ha lanzado Lasquetty en declaraciones suministradas a los medios.
Ante ello, el consejero madrileño ha enviado una carta a la vicepresidenta para que diga “por escrito” las condiciones a las que se pueden acoger los solicitantes de ayudas. “Así se hacen las cosas y no como una catástrofe ambulante”, ha deslizado.
Entiende el consejero que esta ampliación a otros supuestos no concebidos en el decreto ley debería “haber sido así desde el principio”, amparando a aquellos que tuvieron “pérdidas muy cuantiosas a pesar de no tener facturas pendientes”, pero no cree que esta –la de enterarse por un medio de comunicación– sea la vía para incluirlos.
En la carta, reclama que esta nueva normativa debería comunicarse de forma pública y “con todo el rigor que exige el principio constitucional de seguridad jurídica”.
“Si usted entiende que los conceptos a financiar deben extenderse más allá de lo previsto en dicho texto legal, debería aprobar la correspondiente normativa para que los interventores autonómicos, sujetos a la estricta legalidad, puedan fiscalizar favorablementedichas ayudas”, añade el texto.
Por último, ha recordado que la Comunidad de Madrid fue quien “primero” recibió las solicitudes de ayudas económicas y la primera en tramitarlas. Actualmente ya han transferido más de 290 millones de euros a los demandantes.
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