Una treintena de entidades instrumentales autonómicas no rinden cuentas

Contas avisa de que, pese a reducirse el número de entes desde 2011, su gasto “no decreció” y supone el 15% del presupuesto de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

Una treintena de entidades instrumentales autonómicas no rindieron cuentas en 2019: 16 fundaciones, ocho sociedades públicas y seis consorcios.

Así se recoge en el informe del Consello de Contas sobre estos entes, en el cual uno de los principales reproches que hace a la Xunta es que sigue sin poner en marcha el registro de entidades que fijaba en 2010 la ley Lofaxga, de forma que “esta deficiencia dificulta la delimitación de las entidades que según la normativa deben tener consideración de sector público autonómico”.

Entre la treintena de los que no rinden cuentas, hay entidades dependientes de la Xunta que, “a pesar de estar obligadas”, no dan a conocer esta información: Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez; Fundación Profesor Novoa Santos; Fundación Biomédica Galicia Sur; Fundación Rosalía de Castro y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

Mientras, las sociedades Manzaneda Estación de Inverno (Meisa); Parque Eólico de Sotavento; y las fundaciones Sotavento y Aqua Querquennae-Via Nova forman parte del sector público “y tiene obligación de rendir cuentas, a pesar de que ninguna administración aisladamente ostente su control”, razona Contas.

A estas se unen las entidades dependientes o adscritas a las universidades que no ofrecen datos: las sociedades (Cursos Internacionais Universidade de Santiago de Compostela S.A.; Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais –Unixest–; Corporación Universitaria da Coruña y la Cidade Tecnolóxica de Vigo); las fundacións (Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal y Fundación Dieta Atlántica); así como el Consorcio para o desenvolvemento da Aplicación de Xestión Universitaria y el Consorcio Interuniversitario de Galicia.

Asimismo, la condición de no residentes de la Fundación Galicia Saúde y la Fundación Galicia América “no exime de la obligación de rendir cuentas”. Por su parte, el Consorcio Centro Oncolóxico de Galicia no tiene actividad.

Sobre este extremo, el Consello de Contas advierte de que “la normativa básica existente exige adaptar los estatutos de consorcios y fundaciones para fijar expresamente la administración de adscripción que asumirá la tutela financiera del ente”.

HAY MENOS ENTES, PERO MISMO GASTO

En cifras, los entes instrumentales gestionaron en 2019 cerca del 15% del presupuesto autonómico, unos 1.588 millones. Aunque Contas detecta una reducción “considerable” en el número de entes desde 2011, “el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio no decreció por la generalización del modelo de agencia”.

Expone que la “mayor parte” de los recursos del conjunto de entes fueron aportados por la Administración autonómica, “vía transferencias de financiación y subvenciones, “por lo que el grado de dependencia financiera del sector instrumental es muy alto”. En el caso de las fundaciones públicas, la dependencia de ayudas autonómicas es superior al 80%.

DEFICIENCIAS Y RIESGOS

De tal forma, entre los entes que sí rindieron cuentas, el órgano fiscalizador observa que las memorias de “la mayoría” de los organismos “carecen de valor informativo”, con “falta de información económica-financiera en las fundaciones y sociedades mercantiles que tengan en cuenta su pertenencia al sector público”.

Advierte de que “no se establecieron sistemas de control” sobre las sociedades y fundaciones públicas en las que la Xunta “no ostenta el control, pero es el socio mayoritario”.

Respecto a las agencias, la revisión de información “no acredita que se estén aplicando los mecanismos de gestión transparente por objetivos, como son el contrato plurianual de gestión y el plan de acción anual”.

En un capítulo dedicado a “riesgos y incertidumbres”, el Consello de Contas pone el foco sobre que la Xunta tuvo que realizar sucesivas inyecciones de capital por 229 millones entre 2014 y 2019 para que Xestur Galicia “pudiese hacer frente a su endeudamiento financiero debida a la escasa capacidad de realización de las obras terminadas y al volumen de obra en curso de la entidad”.

En el análisis de la participación del Gobierno gallego en entidades de capital riesgo, como Sodiga, el capital aportado hasta 2019 ascendía a 251 millones, de los cuales registra pérdidas acumuladas de 141 millones. Con todo, explica que a raíz de la crisis de la pandemia en 2020 hubo condonaciones de intereses y moratorias.

Paralelamente, los pagos por avales fallidos realizados por la Xunta entre 2011 y 2019 ascienden a 60 millones. Mientras, el Igape acumula una falta de pago de sus préstamos del 47%, lo que se traduce en 62,6 millones.