MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas, que el mínimo para demostrar que se ejerce la actividad agrícola baje a 1.250 euros frente a los 5.000 propuestos por el Ministerio, algo que, a juicio de esta asociación, permitiría que cualquier propietario cobre una ayuda europea de la Política Agraria Común (PAC), aunque no ejerza la actividad.
“Esto hará que las exigencias recaigan sobre el agricultor profesional, y al que no lo es, se le otorgue vía libre sin compromisos ni exigencias”, han lamentado los agricultores, quienes también han advertido de que, en el caso de no corregirse esta definición, los recortes descritos implicarán reducciones de entre un 20% y 80% respecto a las ayudas a la renta percibidas en la última campaña liquidada de 2020, reducciones que afectarán forma “mucho más acusada” a quienes viven de esta actividad.
Desde Unión de Uniones, han señalado que es “importante” enfocar la mirada hacia el agricultor profesional, ya que son las explotaciones profesionales las que “vertebran el tejido laboral y social en el medio rural”. “Pedimos una discriminación positiva para que puedan seguir haciéndolo, ya que ahora están en peligro de extinción”, han aclarado.
Por ello y de cara a convencer al ministro Planas para que escuche sus demandas en la Conferencia Sectorial que abordará el contenido del Plan Estratégico español de la nueva PAC, se está celebrando este viernes en Valladolid una marcha convocada por UCCL (delegación de Unión de Uniones en Castilla y León) y se seguirán convocando movilizaciones también a nivel estatal.
LA NUEVA PAC
Por otra parte, desde la organización agraria se ha solicitado que el uso de las opciones facultativas en materia de ayudas asociadas a la producción y de ecoesquemas “estén encaminadas a lograr una renta viable, ya que, a estas alturas no se han tenido en cuenta los elevados impactos negativos en la renta del agricultor profesional que conllevará la regulación europea de la nueva PAC”.
La organización ha recordado que a la reducción de un 1,46% del límite máximo de ayudas directas (LMAD), se deben sumar otros factores como la no devolución de la dotación de la reserva de crisis en caso de no usarse (hasta ahora, de 2015 a 2020 se ha devuelto cada año), la dotación de un 23% del LMAD a ecoesquemas, así como el uso íntegro de la ayuda suplementaria a los jóvenes los cinco primeros años de su incorporación, el mayor uso de ayudas asociadas a la producción y el refuerzo de la condicionalidad de las ayudas directas de la PAC.
“Estas ayudas comportarán, de entrada, una reducción del 29,22% de los fondos destinados a sostener la renta para una amplia mayoría de los agricultores”, han lamentado desde la organización agraria.
La organización también ha recordado que la nueva PAC incrementará un 53,71% los fondos de las ayudas directas dirigidas a justificaciones medioambientalmente y pasará de 1.468 millones de euros en 2020 a 2.256,6 millones de euros el 2023. A la vez, en el desarrollo rural financiado por la Unión Europea también se deberá destinar al menos un 40% de estos fondos europeos a medidas medioambientales, mientras que en el período precedente sólo se debía destinar al menos un 30% de estos fondos.
Por último, en cuanto a las ayudas directas a la renta (asociados o disociados de la producción), estas disminuyen un 25% y pasan de 3.486,4 millones de euros en 2020 a 2.615,4 millones de euros en 2023. “A esto, además, habría que sumarle las reducciones y costes adicionales de la convergencia de las ayudas directas de la producción entre 2022 y el 2026 que sufrirán muchos profesionales y explotaciones prioritarias y que en algunos casos son muy importantes”, han apuntado desde Unión de Uniones.
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