El I Plan Industrial ejecutó inversiones por 948 millones e incrementó dos puntos el peso de la industria manufacturera

Se han aprobado Proyectos Industriales Prioritarios por 1.117 millones que suponen mantener o crear más de 14.000 empleos

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El desarrollo del I Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 de la Junta de Castilla y León ha permitido realizar inversiones por valor de 948 millones de euros (947.758.413) durante sus cuatro años de vigencia, un 13 % más de la inversión prevista.

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, que ha rendido cuentas esta tarde en la comisión respectiva de las Cortes de lo realizado por su departamento en los dos últimos años de legislatura, ha incidido en que esta estrategia industrial, que implica a distintas consejerías, ha permitido que el peso de la industria manufacturera de Castilla se haya incrementado en más de dos puntos, situándose en el 18,4 por ciento, 2,3 puntos por encima de la media nacional (16,1% en España).

Por su parte el gasto público en I+D+i presupuestado en el ejercicio 2020 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 % del gasto no financiero de las consejerías.

Igualmente, durante estos dos años, Amigo ha apuntado que se ha avanzado en otras actuaciones sectoriales destinadas a promover el desarrollo industrial y la cohesión territorial.

En este sentido, ha recordado la declaración de Proyecto Industrial Prioritario la iniciativa de Latem Aluminium, para sus plantas de Villabrázaro, en Zamora, y Villadangos del Páramo, en León, que contempla una inversión total de 238 millones de euros y la creación de 576 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos.

A ello ha sumado la aprobación del nuevo Proyecto Industrial Prioritario de Renault España, S.A. en Castilla y León, que tiene como eje principal la fabricación de nuevos productos que harán de Renault España el polo industrial de fabricación de vehículos con tecnología híbrida. Este Plan Industrial permitirá el mantenimiento de los 9.700 empleados y la formalización de 1.000 nuevos contratos indefinidos, la mayor parte en Castilla y León.

En resumen, la gestión de los PIP declarados en Castilla y León representan 1.117 millones en inversiones y el mantenimiento o la creación de más de 14.000 empleos.

En cuanto a los planes territoriales de fomento, además de dar continuidad a los de Béjar, Benavente, Municipios Mineros y Miranda de Ebro, se ha puesto en marcha el Programa Territorial de Fomento de Ávila, con un conjunto de medidas por importe de 34,5 millones de euros destinadas a favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno.

Mientras, a lo largo del mes de octubre, se aprobará el PTF de Medina del Campo y comarca, en cuyo diseño se ha estado trabajando en los últimos meses; al mismo tiempo, se programan ya los grupos de trabajo para comenzar a diseñar el PTF de Segovia Este.

Por último, en los últimos meses se ha estado elaborando el II Plan de Promoción Industrial que será aprobado antes de que finalice el año.

El exhaustivo análisis realizado, con una amplia participación social, ha permitido identificar nuevas necesidades y desafíos para adaptar la política industrial de la Comunidad a la nueva situación post COVID con el objetivo de posicionar a Castilla y León como una de las principales regiones industrializadas de la Unión Europa, por medio de la puesta en valor de sus recursos endógenos y del medio rural, la innovación y la internacionalización.

COMERCIO Y ARTESANÍA

En materia de comercio y consumo se está elaborando una nueva Estrategia de Renacimiento del Comercio y Artesanía que verá la luz a finales de este año 2021 y que será la hoja de ruta para las políticas comerciales de los próximos años, abordando cuestiones como la ordenación del sector, la colaboración institucional, las sinergias con otros sectores, la reactivación de la demanda o el apoyo a los entornos comerciales en el medio rural, en los cascos urbanos o en los mercados de abastos.

Amigo ha subrayado también el trabajo llevado a cabo para el impulso de la artesanía en Castilla y León con la aprobación, el pasado mes de junio, de un nuevo decreto para la ordenación y fomento de la Artesanía de la Comunidad. Se trata de una regulación pionera que apuesta por la profesionalización y la dimensión empresarial del sector dando cabido a las nuevas de creación y a la aparición de nuevos materiales y actividades.

Mediante este decreto se crea además un Distintivo de la Artesanía de Castilla y León que servirá como marca para identificar y distinguir el producto artesano de la Comunidad y se establecen nuevas ayudas económicas para la modernización y digitalización, que van a permitir dar un impulso a la comercialización y la apertura de nuevos mercados. Muchas de estas nuevas ayudas económicas ya se han convocado a lo largo de este año 2021.

AUTÓNOMOS Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

La consejera de Empleo e Industria ha anunciado también la puesta en marcha de una nueva estrategia de apoyo al emprendimiento y a los autónomos. Un conjunto de medidas coordinadas que pretenden fomentar el emprendimiento, especialmente en el medio rural y entre los jóvenes de Castilla y León, potenciar las actividades vinculadas a nuevos sectores productivos, apoyar la innovación y favorecer el crecimiento y la creación de empleo en los pequeños negocias de la Comunidad.

Esta estrategia servirá para reforzar algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha, tales como la extensión de la tarifa plana, los incentivos al emprendimiento, o el apoyo a aquellos autónomos que trasladen su actividad a Castilla y León.

Desde la Dirección General de Autónomos y Economía Social cabe destacar el apoyo al empleo de las personas con discapacidad en un claro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva.

Durante este ejercicio 2021, se destinarán más de 29 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias. Con ello, como se hizo el pasado año, se hará frente a los costes salariales de unas 6.600 personas trabajadoras con discapacidad en toda la Comunidad.