MÉRIDA, 30 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha destacado la “mesura” con la que el Ejecutivo regional, dentro de sus ámbitos competenciales y normativos, está actuando en el “grave problema institucional y financiero” que vive el Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz), y ha recordado que el Ministerio de Hacienda es quien tiene las competencias de intervención.
Al mismo tiempo, ha considerado que “todavía no ha llegado” el escenario de la posible disolución de los órganos de la corporación municipal toda vez que, si bien el Ministerio de Hacienda ha venido realizado “numerosos requerimientos” de acciones y control en dicho consistorio, “hay que esperar a que den sus resultados las acciones que están exigiéndose para estabilizar las cuentas de Alburquerque”.
Así, ha subrayado el “talante” con el que la Junta trata de ayudar a solventar el “grave problema institucional y financiero” que atraviesa el Ayuntamiento de Alburquerque, con una “clara preocupación por el bienestar y buena convivencia” de los vecinos de dicha localidad, y con su disposición para encontrar una “solución satisfactoria” para todos los que están siendo “perjudicados” por la situación, en particular los trabajadores municipales que “no cobran puntualmente sus nóminas” y los proveedores del ayuntamiento cuyas facturas “no son atendidas en plazo” y también para la Hacienda regional.
También, ha apuntado que la Junta persigue cumplir con el “refuerzo y garantía” de los servicios públicos que a la Administración autonómica le corresponde prestar en este municipio, procurando “siempre” que las medidas que se adopten sean “adecuadas” para dar solución a un “problema” cuya “causa clara es la pésima gestión de los responsables municipales”.
De este modo, en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea para informar a petición propia sobre la situación en dicha localidad, tras recalcar que “ya se está desempeñando la tutela financiera” en el ayuntamiento por parte del Ministerio de Hacienda, ha defendido que en todo caso el “reiterado incumplimiento” de las obligaciones a las que se refieren los “numerosos” requerimientos realizados a la corporación en los últimos años por parte de dicho departamento estatal “no debe quedar impune”.
Así, ha explicado la consejera que el incumplimiento puede llevar a medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para “restringir progresivamente la autonomía financiera” del ayuntamiento, y además podría concluir en “la más extrema” de ellas, que es tras la intervención la disolución de los órganos de la corporación local, un trámite “tan extraordinario” que, según ha recordado, sólo se ha empleado una vez en la democracia, ya que su utilización legalmente “sólo puede ser el último recurso, la vía a la que se acude cuando las demás han fracasado”.
“Todavía no ha llegado ese escenario (de la disolución), no porque los daños vinculados al deterioro de los servicios municipales o el retraso en los pagos a trabajadores o proveedores no sean preocupantes, sino porque hay que esperar a que den sus resultados las acciones que están exigiéndose para estabilizar las cuentas de Alburquerque”, ha dicho Blanco-Morales, quien ha añadido que dichas acciones han sido “tomadas por quien puede y quien debe” que es el Ministerio de Hacienda, por tener “la competencia para intervenir y la obligación para hacerlo y que está haciendo”.
En todo caso, ha subrayado que dentro del margen de actuación que las leyes le permiten la Junta de Extremadura “actúa y actuará” y aporta la “más leal colaboración”, al igual que la Diputación de Badajoz, para intentar “hacer todo lo posible para que Alburquerque vuelva a la normalidad financiera pero sobre todo a la normalidad institucional”.
((Habrá ampliación))
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