SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
La Federación Andaluza de Empresas Educativas y Servicios Socioculturales (Faesc) critica a la Junta de Andalucía “la falta de previsión” para poder atender a los casi 100.000 usuarios previstos de más de 2.000 centros públicos que “deberían comenzar la próxima semana en los centros educativos sostenidos con fondos públicos como medida conciliadora y educativa”, tal y como se establece en la normativa que regula estos servicios.
Según indica Faesc en un comunicado, este servicio que se lleva desarrollando desde el 2002 con el Plan de Apertura a las Familias, como medida conciliadora en educación, “no estará listo en la próxima semana” ya que los contratos públicos de los que depende para poder iniciar el servicio “no estarán formalizados por una falta de previsión en los tiempos que requieren para su firma y comienzo del servicio”.
Desde la patronal de servicios ocio educativo critican “el absoluto abandono” con este servicio, “llevando a la ruina” a un sector y a los servicios conciliadores que cumplirán 20 años desde su aprobación en abril del próximo año, porque, añaden, “desde el inicio de la pandemia solo han sido malas noticias para el sector, con indemnizaciones sin cobrar por el mantenimiento del empleo y un déficit empresarial que hereda de un curso escolar afectado por la baja demanda de estos servicios debido a la pandemia”.
“Ahora que es el momento de recuperación para las empresas y el empleo, volvemos a estar inmersos en una duda que no sabemos cuánto tiempo se alargará y qué soluciones le dará la Administración para proseguir con nuestro trabajo y devolver el derecho a las familias para poder usar unos servicios inexistentes en estos momentos”, lamentan.
Por último, Faesc señala que ya se está preparando una plataforma de acciones en las que solicitarán a las principales federaciones de padres y madres para que “se movilicen ante una situación que inquieta a familias y empresas, y sin que se vea el momento en el que este problema pueda prosperar para solucionar un problema administrativo cuya importancia parece no haber preocupado a la Junta de Andalucía”.
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