El excadernal Becciu vuelve a sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados por malversación y fraude

ROMA, 4 (EUROPA PRESS)

El proceso contra el excardenal Angelo Becciu y otras nueve personas, acusados de malversación y fraude en el uso de los fondos reservados de la Secretaría de Estado y especialmente en la inversión irregular de 400 millones de dólares en un edificio en Londres, se reaunada este miércoles 6 de octubre en el Vaticano.

Se trata de la primera vez que la justicia del Vaticano encausa a un miembro del colegio cardenalicio, el órgano representante de la alta jerarquía eclesiástica.

La pasada vista oral tanto el cardenal como su secretario, Mauro Carlino, estaban presentes en el juicio, mientras que los otros ocho acusados estuvieron representados por sus abogados. El equipo legal de Becciu presentó entonces algunas objeciones a la constitución de la parte civil y pidió la nulidad de algunos actos de investigación realizados en lo que consideraron una violación de los derechos de defensa de los imputados.

Además, el cardenal informó de que iba a denunciar por calumnias a Monseñor Alberto Perlasca, principal informante en este caso, que reconstruyó ante los fiscales la trama para ayudar a la investigación.Becciu fue cesado en septiembre de 2020 de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en el caso.

Entre las personas que irán a juicio está el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres y que consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios; René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede, a quien la fiscalía acusa de abuso de funciones; monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones; o Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas, acusado de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados.

Además, serán juzgados Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al que la fiscalía acusa de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio; Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense del 60 Sloane Avenue en Londres, y que luego utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas, acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero; Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero; Fabrizio Tirabassi, funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado que desempeñó un papel destacado en el asunto, acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones; y la italiana Cecilia Marogna, que según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 500.000 euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018.

La Santa Sede libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado, insistiendo en que ni monseñor Perlasca, firmante del Contrato de Compraventa de Acciones, ni sus superiores, el Sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados y, en todo caso, “hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones”, según las investigaciones.

Al cardenal Becciu, que fue uno de los hombres más poderosos del Vaticano, se le imputan los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno. La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas, respectivamente, por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) el 2 de julio de 2019 y por la Oficina del Auditor General el 8 de agosto de 2019.

Esta última denuncia, en particular, alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje. El Auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77% de la cartera gestionada) y que una parte sustancial de los depósitos procedentes principalmente de donaciones recibidas por el Papa “se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento”, así como en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países off shore.

En su solicitud de apertura del juicio, los magistrados vaticanos observan “cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia (Fondo Óbolo y fondos sin títulos), que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales”, es decir, con el “objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre”.