La Audiencia Nacional culpa al BCE del “evidente retraso” en la investigación judicial
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como testigos para el 14 y el 16 de diciembre a Ignacio Pardo y Carlo Giorgis, respectivamente, por ser los coordinadores del equipo que se encargaba de supervisar al Banco Popular en el BCE, al tiempo que ha solicitado a la institución comunitaria que suspenda la inmunidad y el secreto profesional de ambos para que puedan declarar sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad española.
Calama explica que el pasado 1 de julio solicitó al BCE información, por un lado, de los equipos de supervisión permanente y, por otro, de los equipos asignados a las inspecciones ‘in situ’ con el objetivo de llamarles a declarar sobre las revisiones o inspecciones que realizaron en el banco español.
A pesar de que ya han transcurrido tres meses y medio desde que el BCE recibió su petición de información, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 reprocha al supervisor europeo que aún no se la ha proporcionado.
El BCE, según recoge el propio Calama en su auto, se escuda en que, “como el equipo conjunto de supervisión para el Banco Popular lleva disuelto desde hace bastante tiempo y la solicitud apunta a periodos concretos, la recogida de los datos solicitados podría llevar algún tiempo”.
“TANTO TIEMPO PARA UN TRÁMITE SENCILLO”
Sin embargo, el magistrado recalca que lo que pedía “era básicamente la identidad de los miembros de ciertos equipos de supervisión”. “Por tanto, no se alcanza a entender que se necesite tanto tiempo para un trámite en apariencia sencillo”, dice.
Calama considera que la tardanza del BCE está generando un “evidente retraso” en la instrucción de la presente causa y, para remediarlo, explica que ha optado por “citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos”.
Cree que Pardo y Giorgis podrían aportar datos esenciales dado el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Banco Popular, su modelo de negocio y gobernanza.
“Su testimonio devendrá relevante en materia de provisión de activos dudosos, refinanciaciones y gestión de activos adjudicados, incluyendo las tasaciones de las garantías inmobiliarias. También, en materia de liquidez”, precisa.
SU TESTIMONIO NO AFECTARÁ A LOS INTERESES DEL BCE
Al mismo tiempo, el juez pide al BCE, a través del Banco de España, que suspenda la inmunidad de ambos y, tras ello, les autorice a revelar la información que como miembros del equipo de supervisión obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales.
A este respecto, aduce que “el testimonio de los citados inspectores no comprometerá ni los intereses de la Unión Europea (UE) ni los del BCE” porque su juzgado se limita a investigar hechos relacionados con la gestión del Banco Popular.
“Después de más de cuatro años –desde que se resolvió el banco– es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE”, agrega Calama.
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