VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)
La asociación vecinal Cuidem el Cabanyal-Canyamelar de València colgó este miércoles por la noche carteles informativos en las puertas tapiadas de cerca de un centenar de viviendas de titularidad municipal parcial o total para denunciar su estado “lamentable” y la vulneración del derecho a la vivienda que supone, además de reclamar que se recuperen inmediatamente y se incorporen a la bolsa de vivienda pública en alquiler social o para usos colectivos.
Se trata de una serie de viviendas en las que el Ayuntamiento de València o alguno de sus organismos es propietario único o parcial, como AUMSA o Plan Cabanyal, explica la plataforma.
Los carteles advierten del estado de estos inmuebles, en algunos casos amenazando con el derrumbe como pasó recientemente en la calle Llavador, y que al estar cercados, tapiados y abandonados, suponen una vulneración del derecho a una vivienda digna. Con esta acción se pretende señalar la responsabilidad del actual equipo municipal.
Para Cuidem, es algo aún más grave cuando el nuevo plan urbanístico municipal para el barrio, el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), afirma que es necesario construir más de mil nuevas viviendas.
Es algo que ya defendió por varias vías (actos públicos, alegaciones a la tramitación del PEC, quejas al Síndic de Greuges…): la necesidad de vivienda de nueva construcción cuando en el Cabanyal hay más de 2.000 viviendas vacíos (más de un 20% del total) entre privados y de titularidad pública (unos 700), según datos catastrales, del INE y del Pla Cabanyal.
Ante esta situación, Cuidem reclama la rehabilitación y recuperación inmediata de esta vivienda de titularidad municipal y su incorporación a una bolsa en alquiler social o en cesión de uso, antes de planificar cualquier nueva construcción al barrio.
También promovió la presentación por parte de centenares de vecinos de unas alegaciones al PEC elaboradas participativamente, “razonadas desde el punto de vista social, ambiental, urbanístico y patrimonial” y presentadas en varias fases de la tramitación del plan urbanístico. El PEC se encuentra actualmente en la dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.
Alegaciones, denuncia, que hasta este momento continúan ignoradas por los planeadores urbanísticos municipales, lo que le llevó a presentar el pasado mes de mayo una queja al Síndic de Greuges que fue admitida.
Entre las peticiones, los vecinos piden priorizar la regeneración, rehabilitación y reconstrucción antes que la nueva construcción y reclaman el barrio como una unidad social y arquitectónica que llegue hasta la mar, rechazando por tanto dividirlo por su fachada marítima y “abocarlo a la industria hotelera y turística”).
Exigen además una limitación real al 5% y no un simple indicador de pisos turísticos, la limitación máxima a tres alturas a todo el ámbito del PEC y la eliminación del planeamiento del proyecto de hotel de 15 alturas más centro comercial, entre otras.
Durante julio y agosto, Cuidem organizó un ciclo de cine a la fresca de siete películas y documentales sobre el urbanismo y las luchas vecinales al solar de la Zona Santiago, tras lo que próximamente presentará un manifiesto apoyado por asociaciones del barrio y representantes del mundo universitario del urbanismo, la arquitectura y la antropología social valenciana, proponiendo una salida al conflicto provocado por la “imposición” del PEC en su redacción actual.
En definitiva, su objetivo es conseguir que el vecindario del Cabanyal-Canyamelar pueda decidir cómo será el barrio donde quiere vivir en los próximos años y revertir el urbanismo contenido en el PEC, un plan que la plataforma considera obsoleto, del siglo pasado, androcéntrico, “depredador de recursos naturales, ciego a la situación de emergencia climática, turistificador, hecho de espaldas a la participación ciudadana al gusto de bancos, inmobiliarias y constructoras e incompatible con la arquitectura tradicional del barrio”.
Desde su constitución en mayo de 2018, Cuidem quiere que se vuelva a abrir la participación del barrio en su modificación, teniendo en cuenta además que es “prácticamente imposible” que vuelva el anterior planeamiento: el PEPRI y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, “ya muerto y sepultado social, jurídica y políticamente, abandonado incluso por sus anterior valedores”.
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