ZAMORA, 11 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha resuelto en su reunión de hoy seis recursos sobre contratos cuyo importe asciende a 140.833.798 millones de euros.
Entre los asuntos sometidos a la resolución del Tarccyl están recursos relacionados con la adjudicación de contratos de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana, redacción de proyecto básico y de ejecución de obras de centros educativos, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento instrumental para laboratorios para complejo hospitalario o suministro de planta de tratamiento de agua.
Este tribunal ha resuelto durante el primer semestre del año 88 recursos sobre contratos cuyo importe asciende a 387 millones de euros.En los primeros seis meses de este año, la mayor parte de los recursos presentados, concretamente 64 de los 88, fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos de contratos de suministros, que han sido 22. El principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación, alcanzando un total de 52 recursos.
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dictaminado hoy el proyecto de decreto de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad. El decreto tiene por objeto regular la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León para cursar enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Recordar que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones.
El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, siendo el único caso en España con esta configuración.
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