Los contratos formativos centran la penúltima negociación de noviembre de la mesa de la reforma laboral

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los contratos de formación han centrado las negociaciones de la mesa de diálogo social de la reforma laboral, que se ha vuelto a reunir este miércoles, en el penúltimo encuentro de noviembre, según el cronograma, y con un mes por delante para alcanzar el acuerdo, ya que la nueva ley debe estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de fin de año.

Gobierno, patronal y sindicatos han discutido sobre la posibilidad de extender el contrato de formación hasta los 30 años. La legislación actual contempla que este tipo de contratos puede celebrarse con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años, que no tengan una cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.

La contratación y, sobre todo, el contrato formativo ha sido, prácticamente, el único punto de la agenda de este miércoles, como apuntan fuentes sindicales. Otras cuestiones, como la temporalidad o el Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la duración del contrato, se han abordado de forma somera.

Fuentes del diálogo social apuntan en declaraciones a Europa Press que se ha trabajado “largo y tendido” en la reunión de este miércoles, mientras que los sindicatos consideran que el encuentro ha concluido sin grandes avances.

Los agentes sociales volverán a reunirse este viernes, ya que el calendario establece ahora dos encuentros semanales, ante el apremio del plazo para presentar la reforma laboral a Bruselas, como parte del compromiso del Ejecutivo para recibir los fondos de recuperación.

Entre las cuestiones pendientes está tratar la temporalidad de los contratos y los nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El Gobierno presentó hace dos semanas el ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’, como sustituto de los ERTE. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo se encontró con el rechazo de los sindicatos y la patronal, que calificaron la medida como “intervencionista”, “poco flexible” y “farragosa”.