SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ordenado el sobreseimiento y archivo libre de la causa por presuntos delitos continuados de malversación, apropiación indebida, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa, incoada con relación a la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, por la entrega directa de los camiones de dicha entidad destinados a desecho a un desguace, al no quedar acreditado que mediase “compensación económica” por ello ni que mediase ningún “procedimiento específico” sobre cómo deshacerse de los vehículos al final de su vida operativa.
Así figura en un auto emitido el pasado 13 de octubre por el Juzgado Mixto número uno de Sanlúcar la Mayor y recogido por Europa Press, respecto a esta causa que parte de una denuncia de la sección de UGT en dicha mancomunidad, contra los expresidentes de la misma y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra otras siete personas por su papel como gerentes o jefes de departamento de la mencionada entidad, por la “práctica habitual de la Mancomunidad de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio”.
En ese sentido, los denunciantes sospechaban de que “el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración”.
A tal efecto, UGT precisaba que “la acusación va encaminada a una presunta malversación de fondos, prevaricación y hurto de las arcas publicas por parte de personas que ostentan desde ser un simple operario hasta un jefe de área técnica, servicios, hacienda y jurídica, todos trabajadores, ninguno político”, es decir “trabajadores técnicos de mas bajo rango” que habrían actuado como “presuntos ladrones”.
SIN “COMPENSACIÓN ECONÓMICA”
Pero tras las correspondientes diligencias, el juzgado ha determinado que “a pesar de poner los denunciantes el acento en la ‘venta’ de camiones en desuso y material desechable a desguaces no autorizados, en modo alguno se ha acreditado que la Mancomunidad recibiera compensación económica alguna proveniente de la entrega de los vehículos a esos centros, no antojándose una actuación contraria a derecho ni inopinada o caprichosa, sino más bien tendente a cumplir el decreto 20/2017 sobre vehículos al final de su vida útil”.
“No se aprecia indicio de delito alguno en esa gestión de residuos al no constar que debiera llevarse a cabo a través de un procedimiento específico por parte de la Mancomunidad, ni menos que se obtuviera ingreso alguno por esa gestión”, determina el juzgado, ordenando “el archivo libre de lo actuado”.
LA SEGUNDA INVESTIGACIÓN
Merced a otra denuncia de UGT, recordémoslo, el Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar tiene otras diligencias en torno al caso de un funcionario de la Mancomunidad del Guadalquivir que habría podido “cobrar indebidamente” unos 240.000 euros en los últimos diez años, al haber desempeñado funciones de inspector de servicios pese carecer de “título habilitante” para ello, según un informe del secretario de la entidad.
La denuncia de UGT que da pie a esta causa se dirige igualmente contra los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes, Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico de la entidad; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como “trabajador beneficiado por los presuntos delitos denunciados”.
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