La información aportada por España no permitió confirmar el vínculo entre la donación y el AVE a La Meca
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El fiscal suizo Yves Bertossa acordó archivar la investigación sobre las donaciones de la Fundación Lucum –de la que era beneficiario Juan Carlos I– sin enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí al considerar que dicha diligencia “estaría condenada al fracaso”.
En la orden de archivo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal sostiene que “obtener pruebas en ese Estado se considera muy difícil”, por lo que descartó hacerlo.
Según el documento del Ministerio Público, Bertossa también renunció a llevar a cabo una eventual consulta judicial para determinar si la donación de 100 millones de dólares –65 millones de euros– del rey Abdalá de Arabia Saudí a favor del rey emérito podría ser calificada según el derecho saudí — como un acto de gestión desleal de los intereses públicos. Prescindió de esta diligencia “en vista de las dificultades para establecer y discutir el resultado de tal pericial”.
Aunque descartó ambas consultas a Arabia Saudí, en el marco de la investigación el fiscal suizo requirió auxilio judicial a España. Bertossa emitió una comisión rogatoria a las autoridades españolas e incluso viajó a Madrid para reunirse con el teniente fiscal del Tribunal Supremo y con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, quienes investigan el pago de presuntas comisiones por el AVE entre Medina y La Meca.
En el escrito en el que se acordó el archivo de la causa, sin embargo, Bertossa precisa que “la información recibida de las autoridades españolas no permitió confirmar la sospecha de un vínculo entre la transferencia de 100 millones de dólares y un posible pacto corrupto ligado a la construcción del citado tren”.
El resto de diligencias practicadas, incluidos registros y una serie de interrogatorios, no permitió acreditar la comisión de un delito en los hechos descritos que justifique una eventual condena.
Así, el fiscal suizo estimó pertinente el cierre parcial del procedimiento y exoneró a los principales imputados: la examante del rey emérito Corinna Larsen y los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica. Acordó imponer las costas, fijadas en 200.000 francos suizos, al banco Mirabaud. Juan Carlos I no figuraba entre los investigados.
DUDAS SIN DESPEJAR
En el texto, Bertossa detalla cronológicamente la investigación, que inició en el verano de 2018, y hace un resumen de lo declarado por Larsen, Fasana y Canonica, así como lo dicho por representantes de Mirabaud.
Tras analizar la documentación incautada y las versiones de los interrogados, la Fiscalía suiza considera probado que el 8 de agosto de 2008 Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum, que fue cerrada en 2012 después de que su saldo -65 millones de euros– fuera transferido a la cuenta en Bahamas de una sociedad a nombre de Corinna Larsen.
Según Bertossa, la transferencia inicial de 100 millones de dólares “no fue suficientemente documentada” y “las declaraciones realizadas por las partes, muy particularmente las de los acusados implicados en esta operación, no han permitido despejar las dudas a este respecto”.
La Fiscalía no ha podido “determinar claramente” la justificación de los 100 millones de dólares que se ingresaron en la cuenta de la Fundación Lucum porque “la pretendida donación hecha por el antiguo rey de Arabia Saudí desde la cuenta del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí no se basa en ningún contrato escrito”.
En este sentido, el fiscal subraya que “los acusados no comprobaron si esta cantidad había sido declarada a las autoridades españolas a efectos fiscales por Juan Carlos I”. Tampoco verificaron si la ley saudí permite retirar dinero de las cuentas públicas para realizar una donación a un monarca de otro país.
Asimismo, Bertossa considera probado que el rey emérito recibió 1,9 millones de dólares en efectivo del sultán de Bahréin, “monto abonado por Arturo Fasana el 7 de abril de 2010 en la cuenta de la Fundación Lucum”.
Según destaca el Ministerio Público suizo, esta actuación “no fue documentada”, ya que no se produjo contrato. En este caso, añade, tampoco se llevó a cabo ningún control para determinar si el monto había sido declarado a efectos fiscales por Juan Carlos I.
En el marco del escrito, el fiscal recoge parte de la declaración de Fasana, quien aseguró que el rey emérito “había acudido a su domicilio particular en Ginebra después de un viaje a Abu Dhabi y le había entregado en esta ocasión un maletín que contenía dinero del sultán de Bahréin”.
EL “MONTAJE FINANCIERO”
Así, a cierre de la investigación, el fiscal sostiene que el uso de Lucum y de otras sociedades “demostrarían una voluntad de ocultación”.
“Los montantes concernidos, el origen de los bienes, la ausencia de documentación adecuada justificando las transferencias, las pretendidas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí en favor de Juan Carlos I y luego de este último en favor de Corinna) así como la cronología de los acontecimientos constituyen indicios de cargo de los acusados”, apunta.
Bertossa añade que la instrucción, en efecto, “ha demostrado que Dante Canónica y Artura Fasana, responsables del montaje financiero que permitió a Juan Carlos I depositar un montante sustancial en Ginebra, así como de la estructura que sostenía los fondos, se han acomodado esencialmente a las declaraciones de su cliente y del ex embajador saudí sobre el origen de los fondos”.
Asimismo, ha considerado probado que Larsen, además de recibir 65 millones de euros, percibió cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahréin “poco después de una visita oficial de Juan Carlos I” a esos países. “Estas transacciones no fueron suficientemente documentadas”, señala el fiscal.
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