OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)
El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha suscrito este miércoles con CCOO, UGT y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) el Acuerdo de Concertación Social y Económica 2022-2023, que plantea movilizar 981.526.000 euros en los próximos dos años.
El jefe del Ejecutivo ha agradecido a patronal y sindicatos “este ejercicio de responsabilidad con Asturias”. “La ciudadanía necesita -y yo diría que exige- capacidad de diálogo y consenso”, ha comentado.
CCOO y UGT han estado representados por sus secretarios generales, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, y la patronal por su presidenta, María Calvo. Al acto también han asistido también el vicepresidente Juan Cofiño, quien lideró las negociaciones por parte del gobierno; la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y el titular de Industria, Enrique Fernández.
Según sus impulsores, el nuevo acuerdo social está concebido para favorecer el desarrollo económico de Asturias cuando la comunidad afronta la transición hacia la nueva economía verde y digital, en la que tendrá un papel angular el buen uso de los fondos europeos.
No obstante, el pacto no se ciñe en exclusiva al crecimiento y la iniciativa empresarial, sino que plantea “una visión global del Principado que abarca desde el fortalecimiento de los servicios públicos, la cohesión territorial o el reto demográfico hasta la igualdad entre hombres y mujeres”.
Han recordado que el último acuerdo había sido innovador al incluir una mesa dedicada específicamente a la igualdad; este profundiza en el mismo objetivo. Así, recoge el desarrollo y seguimiento de un plan de corresponsabilidad y el refuerzo de la figura de agentes de igualdad en las empresas.
La preocupación por la juventud recorre todo el acuerdo, que plasma varias iniciativas para favorecer su emancipación. Para ello, se procurará facilitar su acceso a la vivienda, su formación y su empleabilidad. Con este propósito, el texto hace especial hincapié en la necesidad de aprovechar la nueva legislación de la Formación Profesional para potenciarla como vía de incorporación al mercado laboral.
La concertación se estructura en seis mesas: Reactivación económica y empresarial (67 medidas que suman 126,6 millones; Ordenación territorial y movilidad, digitalización y reto demográfico (235 medidas y 113,1 millones); Sistemas públicos y de protección social (83 medidas y 330,1 millones); Empleo, educación y formación para el empleo y la salud laboral (45 medidas y 262,2 millones); Igualdad entre mujeres y hombres (35 medidas y 9,7 millones); y Foro por la Industria (39 medidas y 139,1 millones).
Entre las medidas concretas, el documento incluye la promoción de la movilidad sostenible en entornos metropolitanos y el desarrollo de infraestructuras fundamentales, como la Zalia o los accesos al polígono de Bobes.
Recoge, asimismo, un proyecto integral para la conservación y mantenimiento de los equipamientos viarios y portuarios y el impulso de planes directores de abastecimiento y saneamiento.
También dispone recursos para la digitalización del sistema educativo, la extensión de la red de escuelas infantiles o la rehabilitación de edificios.
En materia de empleo y Formación Profesional, el acuerdo prioriza la adecuación de la oferta, con titulaciones vinculadas a sectores productivos emergentes y tecnológicos, a través de nuevos ciclos o incrementando las unidades (algunas bilingües) existentes. Asimismo, plantea el refuerzo de actuaciones de calidad para la activación e intermediación en el empleo.
El capítulo industrial incluye iniciativas para fomentar la economía circular como pilar de transformación del tejido productivo, recursos para la diversificación y el impulso a la Estrategia de Transición Justa.
Una de las grandes novedades es la creación de una mesa de impulso político. Liderada por el vicepresidente Juan Cofiño y con la participación de los máximos responsables sindicales y empresariales, se encargará de abordar algunas de las cuestiones más complejas, como la eliminación de las trabas burocráticas, la extensión de la digitalización, la adecuación de la oferta de FP a la demanda del mercado o la iniciativa legislativa para la recuperación del Consejo Económico y Social como órgano consultivo.
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